Por: Marcial Blandón
La puesta en funcionamiento de la terminal de transportes, no solo genera desarrollo al Plan Parcial Cinco al sur de la ciudad y forja traumatismo en algunos sectores que aún no se acostumbran a la ubicación y por ende el desplazamiento a las nuevas instalaciones, sino que ha abierto un boquete gigantesco para «formalizar» el transporte ilegal o moto-taxismo ante la impávida mirada de las autoridades de tránsito.
Desde que esta forma de subsistencia comenzó a crecer en el País, su control ha sido imposible y el encargado en legislar sobre la materia que es el Congreso de la República no le ha querido meter mano a esa «papa caliente» teniendo que soportar protestas los alcaldes y las autoridades locales de policía y donde existen las de tránsito con un fenómeno que cada día crece más.
En Tuluá, desde que el motataxismo culturizó una modalidad ilegal de transporte urbano, ante la carencia de contar con rutas que colmen las necesidades de los usuarios, cada alcalde de turno le ha tocado ser tolerante y casi hacerse el de la ‘vista gorda’ por la imposibilidad de aplicar medidas restrictivas que les genera protestas en ocasiones con cierre de vías y otras en alteraciones de orden público.
A su manera cada mandatario le ha tocado capotear tan difícil situación, que se genera por las escasas posibilidades de empleo en una ciudad que se mueve por su dinámica comercial y su informalidad.
Son muchos los ciudadanos que a falta de una oportunidad laboral han visto en una motocicleta la opción para llevar el mercado a sus hogares o por lo menos el diario con el que sostienen a sus familias, aunque se dice, que son muchos, sobretodo pensionados que cuentan con un número considerable de motocicletas que las alquilan para realizar la actividad informal.
Cuando un alcalde ha querido a través de la Secretaria de Movilidad establecer controles permanentes para contrarrestar la informalidad de inmediato se vienen las protestas de quienes reclaman su derecho al trabajo, pretensiones que en su mayoría han hecho ceder a los mandatarios e incluso se adquieren compromisos de parte y parte para evitar alteraciones del orden público.
El gobierno del alcalde John Jairo Gómez Aguirre, no ha sido ajeno a la problemática y a través de sus secretarios de Movilidad y de Gobierno, han logrado desmontar las escaramuzas que se derivan por parte de los transportadores informales ante los operativos que adelantan las autoridades.
Todo hace parecer que el «terminal» de los llamados «moto-rratones» contiguo a las nuevas instalaciones de la terminal puede obedecer a esa clase de «acuerdos» entre la Administración Municipal y los transportadores informales, o como entender que ante las narices de las autoridades de tránsito se haya establecido un punto de despacho del moto-taxismo.
Desde su propio escarapete el administrador de los transportadores informales despacha cada turno, previa y riguroso control que hace a través de una ficha y el aporte que hace el moto-taxista para la administración del «negocio»; con su pasajero a bordo el moto-taxista lleva a su cliente hasta el lugar que el pasajero lo requiera. El punto y sus integrantes crece cada día más, ante la complacencia cómplice de las autoridades de tránsito, al obsoleto servicio de la nueva empresa de transporte urbano que en las primeras de cambio perdió la «Esperanza» de ser la verdadera solución al transporte formal urbano y un silencio de ultratumba de las empresas legalmente constituidas.
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