Por: Marcial Blandón
Se cumplió como previamente se había establecido de forma virtual la audiencia pública que busca remover del cargo al alcalde John Jairo Gómez Aguirre, mediante el mecanismo de participación ciudadana Revocatoria de Mandato, promovida por el Comité Impulsor «Rescatemos a Tuluá».
Presidida por el Magistrado del Consejo Nacional Electoral Virgilio Almanza, se adelantó la sesión virtual de audiencia pública, en la cual se debe resaltar el mutuo respeto entre las partes que participaron y el acompañamiento del delegado del Ministerio Público y la Registradora Especial del Estado Civil, Fanny Patricia Gallego.
La sorpresa de la mañana fue al momento en que el Magistrado del CNE Virgilio Almanza, concedió el uso de la palabra al vocero del Comité promotor de la iniciativa ciudadana joven Jonathan Chávez, para que hiciera la argumentación de la inconformidad ciudadana y este, después de un corto saludo le dio paso a la abogada Diana Vanessa Vásquez, para que adelantará la exposición.
La abogada Vásquez, después de una efusiva introducción de la argumentación de la iniciativa, aterrizó su intervención, demostrando en cada detalle el incumplimiento al Plan Desarrollo del gobierno «De la gente para la gente» y de propuestas en el programa de gobierno que no aparecen en la carta de navegación del alcalde Gómez Aguirre. «Es un engaño» término que repitió la profesional del derecho para demostrar ante la audiencia virtual el descontento ciudadano con el actual mandatario de los tulueños.
Quienes no tenían conocimiento de la presencia de la abogada Diana Vanessa Vásquez, en la audiencia, es pertinente indicar que es la jurista que representa a un sector de dirigentes Conservadores que reclaman la Casa Conservadora como un patrimonio del partido y no como un bien de un particular que ha tenido la administración del inmueble en los últimos años.
El alcalde John Jairo Gómez Aguirre, en su intervención en defensa de su obra de gobierno, manifestó su inconformidad ya que de acuerdo a la intervención del Comité promotor de su revocatoria el documento que le fue notificado por el Consejo Nacional Electoral CNE, no es el mismo que fue leído por la abogada en la audiencia pública y solicitó al Magistrado, garantías al debido proceso y que no se tramitara la iniciativa la cual podría poner en riesgo a la población en la recolección de firmas lo que podría generar una propagación del Covid-19.
Quienes siguieron con detenimiento la intervención del alcalde Gómez Aguirre, dejaron entrever un «tufillo» de sindicaciones al gobierno anterior, un espejo retrovisor que aún no le ha dejado doblar la página de rencor con su antecesor, específicamente al abordar el tema de las siete sedes de instituciones educativas que no se dieron al servicio en el mandato del ex-alcalde Gustavo Vélez.
Sorprendió que el Consejo Nacional Electoral CNE, no haya permitido la participación de los ciudadanos que previamente se habían inscrito para participar en la audiencia pública, unos en defensa del gobierno y otros tanto solicitando la revocatoria del alcalde. Según el Magistrado Almanza, los ciudadanos deben enviar por escrito su postura la cual será evaluada por los funcionarios del CNE encargados del proceso de revocatoria del mandato del alcalde tulueño.
El delegado de la Procuraduría General de la Nación Pedro José Nuñez Castellanos, exaltó la cordura y respeto en que las partes intervinientes en la audiencia pública presentaron sus informes, indicó el largo proceso al que se deben someter para finalmente llegar a la consulta y manifestó que efectivamente en la exposición de la abogada Diana Vanessa Vásquez, argumentó puntos que no figuran en el documento inicial, situación que deberá definir el alto tribunal electoral de Colombia.
La audiencia pública es un mecanismo de trámite que tienen los impulsores de la iniciativa ciudadana para demostrar el incumplimiento de la primera autoridad del municipio en relación a la ejecución del Plan de Desarrollo y la insatisfacción comunitaria con el gobierno y del alcalde la oportunidad para demostrar a su comunidad el avance de sus ejecutorias; el paso a seguir es la autorización para la entrega de formularios que permitan a los promotores la recolección de firmas requeridas por la Ley.
Lo cierto, es que queda registrado para la historia político-administrativa de Tuluá, que desde el momento en que se implementó la elección popular de alcaldes siendo elegido por primera vez por el voto de los ciudadanos Gustavo Álvarez Gardeazabal y el surgimiento de la Ley 136 de 1994, es el primer Comité de iniciativa popular que busca la Revocatoria de un alcalde por inconformidad de sus gobernados. El menosprecio de personas cercanas al alcalde y la descalificación que hacen del comité promotor del mecanismo de participación ciudadana les puede traer más de un dolor de cabeza. ¡El enano se les puede agigantar!
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