Por: Marcial Blandón
A buena hora el alcalde de los tulueños abogado John Jairo Gómez Aguirre, presentó una iniciativa para estudio y aprobación del Concejo Municipal por medio de la cual exonera del pago del Impuesto Predial a las aproximadamente 200 familias que adquirieron soluciones de vivienda en la Urbanización Terranova, lotes de terreno que aún cinco años después de su presunta entrega sus propietarios no han podido construir sus viviendas.
El programa de vivienda que se presentó como una panacea en el gobierno del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, y el Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá, gerenciado en esos días por el arquitecto Rodolfo Ramírez Álvarez, cinco años después sigue siendo un dolor de cabeza para los propietarios de los lotes de terreno que anhelaban ver construidas en ellos las casas de sus sueños.
El programa de vivienda que ya es conocido en los estrados judiciales espera que el Concejo Municipal de manera unánime acoja la iniciativa de la administración municipal, por lo menos para aliviar la carga tributaria por la que padecen sus sufridos propietarios, quienes esperan que en las sesiones extraordinarias para las que fue convocada la Corporación Edilicia se convierta en Acuerdo Municipal.
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«Palo porque bogas y palo porque no bogas» parece ser la consigna ciudadana en contra de las autoridades de tránsito cuando estas deciden cumplir a cabalidad con las normas vigentes sobre la materia. Ahora el episodio involucra al transporte informal que cubre la ruta Tuluá, Andalucía, Bugalagrande y viceversa.
Resulta que los agentes de tránsito en cumplimiento de su deber han realizado los respectivos retenes para requerir a los propietarios de vehículos particulares que cubren esta ruta, sin estar autorizados para ello, en detrimento de las empresas legalmente organizadas que han sido autorizadas. Ante los constantes operativos los conductores de los vehículos «piratas» han organizado protestas frente al edificio del CAM, exigiendo el derecho al trabajo. El transporte informal tema difícil de manejar.
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Una decisión que en el pasado «arrancaba» aplausos desde todos los sectores, hoy recibe fuertes críticas por la época en la que se adelanta. Se trata de la entrega que hizo el alcalde del municipio de San Pedro John Jaime Ospina, de la dotación escolar a algunas sedes educativas en la capital avícola de Colombia.
Sus opositores hacen fuertes críticas al mandatario por entregar en época de pandemia generada por el Covid-19 y cuando los alumnos continúan recibiendo las clases virtuales, de un inmobiliario que por falta de uso puede deteriorarse prontamente. Se conoció que varios ciudadanos acudirán los órganos de control para la respectiva vigilancia de unos elementos que según ellos no era necesaria su adquisición.
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Un duro cuestionamiento efectuó la Contraloría General de la República a 74 entidades territoriales certificadas por el manejo dado al Programa de Alimentación Escolar PAE; fuerte llamado de atención a las administraciones municipales de Tuluá y Buga y a sus respectivos alcaldes John Jairo Gómez Aguirre y Julián Rojas.
De acuerdo al Contralor Carlos Felipe Córdoba, las 74 entidades territoriales, entre ellas Tuluá y Buga, no están haciendo entrega de la alimentación a los estudiantes beneficiarios del programa. Indicó el alto funcionario que los representantes legales de cada entidad territorial están en mora de ejecutar los recursos económicos destinados para la alimentación de los educandos, so pena de aperturar procesos sancionatorios y fiscales por el incumplimiento en la ejecución del PAE.
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El Comando de Juventudes Conservadoras de Tuluá adelantó en este martes 9 de febrero la instalación de 2 tarros de basura en el parque del príncipe en calidad de donación.
Este acto cívico, según Yussef Andrei Beltran Toro, se hace de corazón y pensando en la conservación del medio ambiente.
Con esta clase de actos, no solo se promueve la cultura ciudadana sino también se forjan los líderes del mañana que tanto necesita la región.
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