Dardos políticos en tiempo de Coronavirus

Por: Marcial Blandón

La Procuraduría Regional del Valle del Cauca, absolvió en fallo de segunda instancia a los Concejales tulueños sancionados con suspensión en el ejercicio del cargo por  seis meses por parte de la Procuraduría Provincial de Guadalajara de Buga, por no haber elegido Personero Municipal, en la época que fue destituida la abogada Beatriz Eugenia Jiménez.

Quince Concejales de ese período salieron beneficiados con el fallo de segunda instancia que revoca la decisión sancionatoria de la Procuraduría Provincial de Guadalajara de Buga. Ellos son: Antonio José Galvis Arboleda, Denny Osorio Villada, asesor financiero de Infituluá, Llener Dario Borja Mafla, gerente de Infituluá, John Jairo Caicedo Villegas, diputado del Valle, Marcos Quintero Peña, Adolfo León Arbeláez, César Mauricio Ariza, Consuelo Cifuentes Sánchez, actual concejal, Hernán de Jesús Rendón, Juan David Cruz Zuluaga, Jorge Hernán Montes Victoria, Rodrigo García Monsalve, Luis Fernando Ocampo Giraldo, Luis Fernando Pérez Taba y Olmer Sánchez Duarte.

El fallo de primera instancia quedó en firme para Haumer Silvio Morán Lasso y Orlando Gallego Alvarez (q.d.e.p) quienes no ejercieron el recurso de apelación y en relación al primero, al no ocupar actualmente la curul en el Concejo Municipal, deberá cancelar lo que por honorarios devengaba por el tiempo de la sanción correspondiente a seis meses.

Con este fallo sobre el cual no procede recurso alguno se cierra definitivamente el capítulo de la elección de la abogada Beatriz Eugenia Jiménez, que tuvo durante mucho tiempo a los Concejales que la eligieron tomando agüita de valeriana.

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Ante el anuncio de los comité promotores de la revocatoria del mandato de por lo menos 58 alcaldes en todo el territorio nacional de marchar hasta Bogotá, a las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Salud y la Protección Social, para que no dilaten más el proceso de recolección de firmas, desde Tuluá, se anuncia la asistencia de una delegación que acompañará la protesta exigiendo la garantía del derecho constitucional a la participación ciudadana.

Promotores de la revocatoria del Alcalde de Tuluá

Voceros del Comité «Rescatemos a Tuluá» que promueve la revocatoria del mandato del alcalde John Jairo Gómez Aguirre, anunciaron que se desplazarán hasta la capital de la República, para que cuanto antes la Registraduría Especial del Estado Civil, entregue los formularios para la recolección de las firmas requeridas para la consulta a los tulueños que decidan si Gómez Aguirre, continúa en el cargo o de lo contrario terminan con su mandato a través del voto popular.

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Crece a borbotones la inconformidad de la dirigencia del partido de la U, en Tuluá, por la decisión de la directora nacional del partido y Jefe del movimiento «Nueva Generación», en obligarlos a votar por un foráneo a la Cámara de Representantes, sin tener mérito alguno. Con cinco Concejales en la Corporación, más de veinte mil votos que puso la lista al Concejo y el tener alcalde propio le dan el derecho a pedir un renglón efectivo en cabeza de un dirigente tulueño a la Cámara.

Muchos de los dirigentes del partido de la U, ven con buenos ojos la aspiración de la tulueña Andrea García, por esa colectividad a la Cámara, quien tendría como Jefe de debate a su esposo el diputado conservador  John Jairo Caicedo Villegas. Si se trata de reclamar ese derecho para Tuluá, los militantes de la U, deberían cerrar filas en torno al nombre de la joven candidata.

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A raíz del debate surgido al interior del Concejo Municipal entre los cabildantes Sandra Arrubla, del partido Alianza Verde y Robinson Rengifo, del partido de la U, sobre la importancia de contar con asesores para cumplir una eficaz labor como voceros de la comunidad, surge nuevamente el planteamiento para que los Concejales tulueños cuenten con una unidad de apoyo como la tienen los Congresistas o Diputados del Valle.

Si bien es cierto, varios de los concejales cuentan con asesores propios, cuyos honorarios pagan con su propio peculio, la mayoría no está en la capacidad de hacerlo. El obstáculo que se presenta es el gasto presupuestal que debería asumir el propio Concejo Municipal, pero es muy oportuno que se abra el debate sobre el tema.

Tuluá, es una ciudad intermedia con una población flotante de aproximadamente 260 mil habitantes, que cuenta entre su grupo de Concejales con líderes que si bien es cierto gracias al apoyo popular llegan en su representación, muchos no están formados en el ejercicio de esas funciones, requiriendo el apoyo profesional para cumplir una eficaz labor. No se podría ver como un tema de burocracia, sino la necesidad imperiosa en que cada Concejal cuente con su propia unidad de apoyo. El crecimiento de la ciudad lo exige.

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1 comentario

  1. Pregunta para el que «comanda» esta columna: aparte de ser esposa del diputado en mencion ¿qué otro mérito tiene la postulada por usted señora Andrea García?

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