Dardos políticos en tiempo de Coronavirus

Por: Marcial Blandón

El disgusto causado en la mayoría de concejales de Tuluá, sobre la redacción del reglamento interno de la Corporación le dio la razón a la veterana Concejal del partido de la U, Consuelo Cifuentes Sánchez, quien con sobrada razón solicitó que fuera leído cada uno de los artículos del extenso documento durante la sesión extraordinaria a la que fue convocada el cabildo local.

Consuelo Cifuentes Sánchez
Concejal

Los errores del texto y de redacción que detectaron la mayoría de concejales y que para el supervisor del contrato pasaron desapercibidos fueron ventilados en la sesión plenaria del Concejo, donde quedó en evidencia el pobre trabajo que presentó la persona contratada por la mesa directiva del Concejo del período anterior que según algunos ediles da vergüenza ajena.

Conocimos que quien firma la minuta del contrato es el señor Rubén Darío Hernández Saldarriaga, que al parecer funge como directivo departamental de la Alianza Social Independiente, ASI. Mucha coincidencia que el supervisor del contrato ex-candidato al Concejo por el mismo partido, no haya visto los protuberantes errores del pobre trabajo presentado por su copartidario. ¡Mera casualidad!

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Desde el año anterior escuchamos la férrea posición del secretario de Educación del Municipio Everth Antonio Villegas Morantes, de oponerse a la iniciativa del ministerio del ramo sobre el inicio de clases bajo la modalidad de alternancia educativa, en aras de proteger la salud y vida de alumnos y docentes; la posición del titular de educación siempre fue secundada por el alcalde John Jairo Gómez Aguirre, en respaldo de su funcionario.

Esta semana se dio inicio  a las clases presenciales en alternancia educativa en varios planteles académicos en el sector privado, medida que permite que el sector educativo privado no vaya a la quiebra, el cual se sostiene con las matrículas de los padres de familia; la decisión merece el respaldo siempre y cuando los directivos tomen todas las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de la mortal infección del Covid-19.

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El politólogo Jesús Alberto Cruz Arenas, desarrollando actividades como gestor de Paz, en el gobierno del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, cumplió una meritoria laboral en la reincorporación de los militantes de la antigua guerrilla de las Farc, a la vida productiva de la región.

Jesús Alberto Cruz Arenas

Con el apoyo de la Trabajadora Social Mónica Oviedo Gómez, y el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, adelantaron varias conquistas institucionales las que fueron objeto de valoración por la comisión de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, la cual evidenció en que el actual gobierno a través de la Secretaría de Gobierno le ha dado continuidad a los procesos que benefician a la población reinsertada a la vida civil.

Gesto que se le reconoce al titular de gobierno Coronel de la Reserva Activa de la Policía  Nacional Jorge Alexander Gallego Chávez, quien no miró por el espejo retrovisor las bondades de una iniciativa que solo buscan el beneficio de aquellos que con las armas combatieron al Estado y que hoy desde sus parcelas quieren hacer honor a la firma del acuerdo de Paz, del cual se considera como la población más vulnerable del proceso

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Hablando de la población campesina, la declaración pública que entregó el Comandante del Batallón de Alta Montaña No. 10, Coronel Pedro Fernando Escallón Montenegro, llena de tranquilidad pero también de incertidumbre al campesinado de la mediana y alta montaña tulueña. Indica el alto oficial que en esta zona montañosa, incluyendo la región de Bugalagrande, Sevilla y Caicedonia, no existe presencia de grupos paramilitares, lo que sí reconoce el Coronel Escallón Montenegro, es el surgimiento de una célula guerrillera de las extintas Farc.

La columna móvil «Adán Izquierdo» ya ha efectuado atentados criminales en contra del Batallón de Desminado Humanitario No. 6 y la incineración de vehículos de la compañía Celsia, además de imponer nuevas conductas de comportamiento y horario de desplazamiento a la población campesina.

Lo que se preguntan los campesinos es si las acciones que se atribuyen a personas que usan camuflado no son de la columna «Adán Izquierdo» ni de grupo paramilitar, entonces a que grupo se acusa de ese accionar, o es delincuencia común organizada. La versión es ampliamente conocida por el representante del Ministerio Público abogado Pedro Antonio Ordoñez, para que establezca las alertas tempranas que sean necesaria y evite una incursión armada en la región.

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