Por: Marcial Blandón
La Procuradora General de la Nación Margarita Cabello, abrió investigación disciplinaria en contra de varios funcionarios de la capital de la República, incluido el Secretario de Salud del Distrito por la presunta irregularidad en la aplicación de 395 biológicos en personas que no estaban en la primera línea de los profesionales de la medicina que luchan contra la mortal epidemia del Covid-19, ni tampoco figuran con edades por encima de los 70 años.
A la investigación disciplinaria la Procuradora vinculó a directores de las IPS donde se aplicaron las vacunas, a directores de las EPS que las autorizaron y al personal médico que colocó el biológico a las personas presuntamente coladas. El anuncio del Ministerio Público genera gran expectativa, se espera que prontamente la investigación arroje resultados y que en el evento de detectar no solo irregularidades sino actos de corrupción los responsables sean sancionados drásticamente.
En Tuluá, como se conoce de manera pública se han detectado 14 presuntos colados que sin tener derecho a la vacuna, la recibieron desplazando al personal de la salud que batallan contra el temido virus y adultos mayores de 70 años; hasta el momento de redactar esta nota ni la Personería Municipal, ni tampoco la Procuraduría Provincial de Guadalajara de Buga, se han pronunciado al respecto. ¿Será que van a pasar de agache?
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Para quienes han sugerido el nombre de Melquisedec Vela Gómez, como potencial miembro de la nueva junta municipal del Partido Conservador, que debe quedar conformada a más tardar el 30 de Abril de este año, el ex-candidato al Concejo que obtuvo una no despreciable cifra de más de 1400 votos ha indicado que tanto él, como la ex-concejal Alcira Ospina Triana y la candidata a esa misma corporación Beatriz Vela Gómez, renunciaron a la colectividad azul y hoy hacen parte de las huestes del partido de la U, bajo la dirección de la médica Dilian Francisca Toro Torres.
Melco, fundador del movimiento «Porque Tuluá eres Tu» es uno de los más entusiastas promotores de la candidatura presidencial de la ex-gobernadora Dilian F. Toro, considera que durante los 38 años que militó en las toldas Conservadora, no recibió el respaldo y apoyo que merecía tener; ahora, bajo la égida de la directora nacional del Partido de la U, ve un esperanzador futuro para la organización política que ha orientado durante más de tres décadas.
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La tan anhelada unidad del partido Conservador que espera consolidarse con la conformación del nuevo directorio municipal, parece que está lejana en darse. El «florero de Llorente» que es la administración de la Casa Conservadora tiene un nuevo ingrediente. Hace poco un curtido militante de esa colectividad se acercó a la sede de la Casa Conservadora para solicitar el uso de un espacio como miembro del partido para adelantar un encuentro con sus partidarios, al parecer el vigilante le impidió el ingreso y le indicó que debía solicitar el permiso directamente en Bogotá, ante una funcionaria que identificó como Orfa. El angustiado líder Conservador se preguntó que rayos iba a solicitar permiso en Bogotá para una simple reunión local, o será que quienes fungen como junta provisional don Alberto Gómez Silva, Rodrigo García o Juan Rafael Carmona, entregaron facultades para desde Bogotá autoricen el préstamo de la llave. ¡No hay derecho!
Lo cierto es que la Casa Conservadora a raíz del litigio en relación a su administración, llevó a que la Junta provisional designara un vigilante pagado con sus propios recursos y de Bogotá, nombraron otro celador. Mientras se resuelve en segunda instancia el Statu Quo, en la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, al pronunciamiento de la Inspección de Policía, que favorece a la Junta Provisional de la Casa Conservadora, en primera instancia la disputa por el bien inmueble está lejos de acercar a la dirigencia goda de la Villa de Céspedes. Mientras esto sucede, otros sectores del partido preparan la estrategia para quedarse con las mayorías en la nueva dirección municipal Conservadora.
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Comienza a aparecer la luz en el túnel en el que se habían metido los procesos de Revocatoria a los mandatarios locales en aquellos municipios donde se promueve la iniciativa ciudadana. La Registraduría Nacional del Estado Civil, acaba de notificar al alcalde de los tulueños John Jairo Gómez Aguirre, para que en el término improrrogable de cinco días se pronuncie sobre un eventual impedimento para ejercer el efectivo control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad en la recolección de firmas que promueve el Comité «Rescatemos a Tuluá».
En el evento en que el alcalde John Jairo Gómez Aguirre, no se declare impedido para ejercer control y vigilancia en la recolección de firmas, el órgano electoral procederá de inmediato a hacer entrega de los formularios para la recolección de las rúbricas. Si el alcalde se declara impedido o no se pronuncia la Registraduría acorde con lo establecido en el artículo 12 de CPACA, ordenará la entrega de los formularios a los promotores de la iniciativa. Si o si, el proceso de Revocatoria sale a las calles tulueñas.
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