Por: Marcial Blandón
La Ley 134 de 1994 le dio vida jurídica a los mecanismos de participación ciudadana, derivados de la Asamblea Nacional Constituyente que modificó en 1991 la Carta Magna, de nuestro País, creando la iniciativa ciudadana de Revocatoria del mandato de los alcaldes por insatisfacción ciudadana o incumplimiento al Plan de Desarrollo. La norma posteriormente tuvo algunas modificaciones, las que en realidad no han servido para que la ciudadanía la ejerza a cabalidad como se soñó con la nueva Constitución Política de la Nación.
En Tuluá, por primera vez en la historia en la que nació el mecanismo de participación ciudadana se conformó un Comité pro-revocatoria del mandato del alcalde John Jairo Gómez Aguirre, denominado » Rescatemos a Tuluá», integrado por un grupo de entusiastas ciudadanos cuyo representante legal es el joven Jonathan Chávez, que alcanzó a inscribir la iniciativa ante la Registraduria Nacional del Estado Civil, a instancias del Consejo Nacional Electoral CNE, se adelantó la audiencia pública donde las partes esgrimieron sus argumentos, unos motivando la iniciativa y otros en defensa de su obra de gobierno. Audiencia virtual que contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.
La entrega de los formularios para la recolección de firmas se dilató, no solo para el Comité «Rescatemos a Tuluá» sino en general, para todos los que promovían la iniciativa en el País. La pandemia del Covid-19, fue factor fundamental para que la Registraduría, no hiciera entrega de los formularios con la excusa de la propagación del mortal virus. Ante el inminente fenecimiento de los términos para llevar hasta la última etapa del mecanismo de participación ciudadana, su principal promotor decidió claudicar el proceso por la incertidumbre en la entrega de los formularios que nunca llegaron para cumplir con la cifra establecida de firmas que exige la convocatoria para que la ciudadanía se pronuncie en las urnas.
Jonathan Chávez, a través de una declaración pública ha indicado que desiste de continuar con la iniciativa de revocatoria del mandato del alcalde John Jairo Gómez Aguirre, toda vez que es imposible que legalmente se cumplan con los términos establecidos en la Ley para que la iniciativa ciudadana se cristalice en la urnas, y hace un vehemente llamado a los actuales Congresistas y a los que se elegirán el 13 de Marzo de 2022, para que introduzcan validas transformaciones a la norma, porque tal y como está establecida es un mecanismo de participación ciudadana que nació muerto, sin «dientes» para que las comunidades insatisfechas promuevan la revocatoria del mandato a aquellos alcaldes que una vez posesionado le incumplen a la comunidad que los eligió.
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Definitivamente la inseguridad que se vive en todos los barrios de la ciudad tiene a los tulueños con los nervios de punta. Dos hechos que se han vuelto virales y al parecer cometido por los mismos sujetos ameritan una intervención contundente por parte de las autoridades locales. El primero, el hurto de una bicicleta a mano armada en el barrio Asoagrín y el robo a un establecimiento comercial en el barrio Las Américas de venta de celulares demuestran que son delincuentes sin hígado cuando se trata de cumplir con su cometido criminal.
El Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Coronel de la Reserva Activa de la Policía Nacional, Jorge Alexander Gallego Chávez, debe liderar no solo con la Policía Nacional a través del modelo de vigilancia por cuadrantes, sino con los órganos de inteligencia de la ciudad porque el modus operandi no evidencia una acción de delincuentes callejeros sino una verdadera organización criminal que aprovechan el cansancio de los uniformados y su presencia en los lugares donde se adelantó la protesta social dejando como carne de cañón de los bandidos las comunidades de los sectores populares de la ciudad. El clamor es general.
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Si por Tuluá llueve en materia de seguridad, en Cali a diario se vive un vendaval. En las últimas horas delincuentes fuertemente armados hurtaron la camioneta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, al servicio del Representante a la Cámara por el partido Conservador Gustavo Padilla, la que posteriormente fue abandonada en un sector desolado de la capital Vallecaucana.
Al momento del ilícito el Congresista Conservador no se encontraba al interior del vehículo de alta gama. A esta hora las autoridades buscan afanosamente a los delincuentes que pusieron en peligro la vida del conductor personal del dirigente oriundo del municipio de El Dovio, ubicado al norte del Valle. El hecho demuestra la grave crisis que en materia de seguridad atraviesa la Sultana del Valle, que aún no se recupera del atentado que le arrebató la vida al artista de música urbana «Junior Jean», canta autor del pacífico colombiano.
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En el gobierno de Dilian Francisca Toro Torres, por iniciativa de la Concejal del partido de la U, Consuelo Cifuentes Sánchez y del dirigente Hernán Cifuentes, radicaron el proyecto para remodelar la cancha de fútbol del corregimiento de Aguaclara, uno de los sectores más populares de la Villa de Céspedes; ahora en el mandato de Clara Luz Roldan y John Jairo Gómez Aguirre, ese sueño se ha hecho realidad.
La comunidad de Aguaclara acaba de recibir la primera fase de la remodelación de su máximo escenario deportivo, gracias a la buena gestión de los hermanos Cifuentes Sánchez, que pone al servicio de los jóvenes la práctica del deporte más popular en Colombia, en momentos en que se reactiva la actividad económica en la ciudad y en la que se espera que los amantes al fútbol asistan al escenario guardando todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del letal virus del Covid-19.
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El abogado Gilberto Castrillón Valencia, quien se desempeñó como Contralor en Tuluá en el período 2013-2016, falleció en la tarde de este miércoles en Cali. Gran amigo del ex alcalde de Tuluá, Aimer Arango Murillo, oriundo de Sevilla y especializado en Derecho Administrativo y Constitucional. Este profesional del derecho padecía una enfermedad y estaba recluido en una clínica de Cali.
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