Con la simulación de un ataque con dron cargado de explosivos en el Batallón Pichincha de la Tercera Brigada en Cali, la gobernadora Dilian Francisca Toro hizo entrega de dos avanzados equipos anti-drones, de los cinco que se adquirieron, destinados a fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública para hacerle frente a los ataques aéreos de grupos armados ilegales.
“A raíz de todos los ataques que hemos tenido con drones que traen explosivos y han generado daños a personas, soldados y a la infraestructura, decidimos comprar estos anti drones que son, precisamente, para inhibir o para derribar los drones que sean identificados y no son permitidos. De este modo, buscamos garantizar la seguridad, integridad y tranquilidad de la comunidad y de la misma Fuerza Pública”, explicó la mandataria.
Estos equipos tecnológicos se tendrán disponible para todo el Valle del Cauca. En los próximos días llegarán los tres anti drones faltantes que se entregarán a la Policía. “También vamos a tener estos equipos para la COP16 que van a ser fijos, en la Zona Azul y en la Zona en Verde, apoyando a la Fuerza Aérea que también va a hacer ese escudo en estas dos zonas. Esto significa darle a la Fuerza Pública más capacidades de enfrentar mucho más rápido y mejor a la delincuencia. Queremos que nuestra institución policial y militar pueda acabar con la economía ilegal y para eso necesita capacidades y eso es lo que estamos haciendo”, aseguró la Gobernadora.
“Agradecer a la Gobernadora del Valle por este apoyo a los soldados, para poder adelantar las operaciones y garantizar la anticipación y la movilidad de las tropas. Este año llevamos 24 ataques con drones en el Valle del Cauca, no solo en Jamundí, también tenemos ataques que se han realizado en Tenerife, y la misión de estos anti drones es utilizarlos en todo el departamento del Valle”, dijo el Brigadier General Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército.
La adquisición de los cinco anti drones, que se hizo con los requisitos y especificaciones que dio la Policía y el Ejército, tuvo un costo aproximado de $3.500 millones de pesos.
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