Por constituirse como violencia política contra las mujeres, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, impuso la medida de protección a favor de la gobernadora Dilian Francisca Toro y sancionó al representante a la Cámara Duvalier Sánchez por publicaciones a través de sus cuentas en redes sociales que se materializan como violencia digital.
Diana Vanegas, directora Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca, , señaló que “el Consejo Nacional Electoral como máximo órgano de protección, de acuerdo con la Ley 2453, nos da la razón y en este fallo, en Sala Plena, decide por unanimidad proteger a la doctora Dilian Francisca Toro Torres como Gobernadora del Valle, como víctima de violencia política contra la mujer de las acciones positivas que han generado el congresista Duvalier Sánchez y el candidato Andrés Felipe Martínez a través de sus redes sociales”.
La medida responde a la solicitud del Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético del Partido de la U que pidió la protección y restablecimientos de derechos de la mandataria vallecaucana por publicaciones del representante Sánchez y el candidato Ramírez, que se encuadran en el artículo 2 de la Ley 2453 de 2025, que tipifica la violencia política contra la mujer.
En la resolución 1196 de 2026, el CNE señala que una publicación el pasado 13 de enero en la red social Instagram, “constituye una forma de violencia política contra la mujer por razones de género, al incorporar estereotipos corporales, sexualizar la figura pública femenina, introducir la noción de “capital erótico” como criterio de valoración política y desplazar el debate democrático hacia dimensiones personales”.
“En este caso, las expresiones reprochadas del representante a la Cámara Duvalier Sánchez Arango contra la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, difundidas en Instagram, se ajustan a dicha definición, pues constituyen un acto orientado a deslegitimar y menoscabar su ejercicio político o público por razones de género. De este modo, la conducta cuestionada se materializó bajo la modalidad de violencia digital y constituye violencia política contra las mujeres en razón de género, al desplazar el debate del ámbito institucional hacia atributos históricamente utilizados para deslegitimar el liderazgo femenino. Se configura así violencia simbólica, al reforzar imaginarios discriminatorios que subordinan la participación política de las mujeres a su apariencia, y violencia psicológica, al exponerlas a un discurso que busca menoscabar su credibilidad y autoridad”, determinó la Corporación.
Además, precisa el CNE, “en este contexto, la conducta analizada en este último caso si excede los límites del control político legítimo desde la perspectiva de la libertad de expresión y se enmarca en las modalidades de violencia simbólica y psicológica previstas en la Ley 2453 de 2025, que tiene consecuencias reales y que no puede seguir siendo minimizada bajo el argumento de la libertad de expresión. La libertad implica responsabilidad, y más aún cuando se ejerce desde una curul en el Congreso de la República”.
Para la directora de Jurídica de la Gobernación, Diana Vanegas, “este fallo establece una clara diferencia de lo que es el control político, al que por supuesto somos sujetos todas las personas que estamos trabajando para el Estado. No estamos discutiendo acá que ellos tienen derecho a hacer control político, pero establece la línea de diferenciación entre cuando ese control político se vuelve violencia política, cuando ese control político no tiene pruebas ni no tiene ningún tipo de arraigo en hechos que estén haciendo control a la gestión de un gobernante. Entonces, por eso es supremamente importante la decisión del Consejo Nacional Electoral”.
La Resolución del Consejo Nacional Electoral traza el camino que deben seguir todas las mujeres que están siendo víctimas de violencia política contra la mujer. “Lo que busca la ley estatutaria 2453, es que el control político sea serio, sea efectivo, que esas personas que hacen control político lo hagan con pruebas, que lo hagan con decencia, que lo hagan con respeto hacia la integridad, hacia la intimidad y hacia los derechos fundamentales de las mujeres. No estamos cuestionando el control político, se hacen más de 60 sesiones de control político desde la Asamblea que es el órgano por naturaleza y por competencia constitucional. Lo que no podemos permitir es que ese control político se vuelva un instrumento para cosificar a una mujer, para injuriarla, calumniarla y cosificarla en términos de mujer”, concluyó la funcionaria.
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