En un fallo judicial clave para la protección del espacio público, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Tuluá declaró la nulidad absoluta de los actos con los que se pretendía privatizar la zona verde y comunitaria de la parcelación El Llanito que hace parte del desarrollo urbanístico del corregimiento de Nariño.
De acuerdo con lo conocido por DIARIO DE TULUA, la decisión responde a una demanda presentada por la Junta de Acción Comunal del sector en cabeza de Paola Andrea Vivas quien contó con el respaldo de los habitantes de la parcelación quienes aportaron los recursos para sufragar los honorarios del abogado que tomó el caso.
Cabe destacar que el conflicto se originó en junio de 2025, cuando mediante una escritura pública elaborada en la Notaría Tercera de Tuluá, se alteró de forma unilateral la cesión gratuita que el urbanizador original había realizado al municipio en el año 2007. Aprovechando la figura de una «aclaración», un apoderado incluyó una cláusula para resolver la cesión y procedió a vender el 50 % del terreno a una empresa privada por 40 millones de pesos, sin la participación ni el consentimiento de las partes interesadas.
El juez concluyó que este procedimiento violó la Constitución y la ley, al recaer sobre un bien de uso público que es inalienable, imprescriptible e inembargable. Además, la sentencia enfatizó que no era posible aplicar normas del año 2015 de manera retroactiva para cambiar un acuerdo consolidado casi dos décadas atrás, y que los involucrados actuaron a sabiendas de la ilegalidad al intentar apropiarse de un espacio destinado al beneficio de toda la comunidad.
Como consecuencia de la orden judicial, se anularon todos los registros notariales y de instrumentos públicos que otorgaban derechos sobre el inmueble a los privados, dejando únicamente vigente la propiedad en cabeza del Municipio de Tuluá. Asimismo, el juzgado estableció que la empresa compradora no tendrá derecho a que se le devuelva el dinero pagado por la transacción ilícita y ordenó la entrega inmediata del lote para el uso y disfrute de los habitantes.
La historia empezó hace casi dos décadas, cuando el parcelador Leonel Sarmiento Ocampo cedió gratuitamente el lote al Municipio para cumplir sus obligaciones urbanísticas. Sin embargo, en junio de 2025, en la Notaría Tercera de Tuluá, se intentó revertir esa entrega. Con un certificado firmado por la directora de Planeación Municipal, Alexandra Cardona Ramírez, que daba por incumplidas unas obras, el predio habría regresado a la esfera privada y se habría vendido el 50 % de los derechos a Inversiones Proyconva S.A.S.
Según el despacho, Sarmiento actuó a la vez como vendedor y como representante legal de la empresa compradora.
Finalmente, el fallo ordenó remitir copias del caso a la fiscalía general de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Notariado y Registro. Estas entidades deberán investigar si la actuación de los particulares y funcionarios involucrados en la tramitación e inscripción de la escritura viciada constituye alguna falta penal, disciplinaria o administrativa.
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