Destapan presunto desfalco de $8.000 millones en el Fondo de Gestión del Riesgo en Tuluá

Durante la sesión plenaria del Concejo Municipal, el concejal del Partido Conservador, Julio César Arias, hizo una grave denuncia sobre la presunta desfinanciación e irregularidades en el manejo del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, estimando una afectación superior a los $8.000 millones de pesos acumulados desde 2013.

La controversia estalló tras el reciente sismo que impactó  la región, los cuales dejaron en evidencia la falta de recursos y preparación del municipio para atender emergencias.

«Lo que pasó en Roldanillo, donde se cayó una pared del cementerio y quedaron osamentas a la vista, está pasando en Tuluá, pero con el Fondo de Gestión del Riesgo. Se cayó el muro y detrás estamos viendo si se hizo o no se hizo. Necesitamos saber esos huesos de quién son», aseveró Arias durante su intervención.

Las irregularidades denunciadas

De acuerdo con el acuerdo municipal vigente desde 2013, el Fondo debe recibir legalmente el 1% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD). Sin embargo, Arias señaló que ha radicado tres derechos de petición sin obtener respuesta clara sobre la efectividad de dichas transferencias ni el destino de las tres subcuentas del fondo.

A pesar de las millonarias sumas que debieron ingresarle al municipio en la última década, Tuluá enfrenta la actual coyuntura de riesgo con severas deficiencias técnicas e institucionales: Ausencia de actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, falta de batimetría en el cauce del río Tuluá, inexistencia de estudios técnicos para la quebrada La Rivera y el río Morales, carencia de evaluaciones de remoción en masa en la alta montaña, factor crítico en la colmatación del río principal.

Llamado a los entes de control

El cabildante comparó la liquidez y discrecionalidad de esta partida municipal con los recursos manejados a nivel nacional por la UNGRD, instando a las autoridades competentes a auditar las cuentas de las administraciones involucradas desde 2013 para determinar responsabilidades fiscales y administrativas.

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