Por: Marcial Blandón
La convocatoria pública adelantada por el alcalde John Jairo Gómez Aguirre, por valor de $350 millones de pesos para transmitir en forma virtual los eventos culturales que en tiempo de pandemia se desarrollarán desde el departamento de Arte y Cultura, lo han vuelto a poner en el ojo del huracán.
Sus detractores políticos no desaprovechan oportunidad para irse lanza en ristre, en contra del mandatario de los tulueños por considerar que la cifra es astronómica e innecesaria para gastarla en transmisiones que en nada benefician a la comunidad tulueña, según dicen sus opositores parece que el lema del gobierno «De la gente para la gente» es que «lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta»
Independiente de las ácidas críticas de la oposición si es menester que ellas no se queden en un escándalo mediático de redes sociales; deben acudir a los órganos de control como la Contraloría Municipal, si existe un presunto detrimento al patrimonio de los tulueños, o a la Procuraduría Provincial de Guadalajara de Buga, si es posible que la conducta de quienes contratan esté revestida de dolo o de una falta grave, que ponga en riego los recursos públicos de la ciudad.
Además el Concejo Municipal debe ejercer un verdadero control político sobre la gestión del alcalde y sus secretarios, en este caso en particular con la celebración del proceso contractual que adelanta el despacho a cargo de John Fredy López. La ciudad no puede acostumbrarse solo a escándalos de redes sociales o a la mancillada frase de quienes ostentan el poder de que «quien manda, manda, aunque un ratitico mande».
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El 13 de Diciembre de 2019, el gobierno del entonces alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, mediante escrito solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzí, el interés del municipio en que esa entidad mantuviera su condición de gestor catastral. Solicitud que en el gobierno del actual alcalde John Jairo Gómez Aguirre, no tuvo ningún eco y sin que se haya conocido esfuerzo alguno por parte de esta administración, su clase política o las fuerzas vivas de la ciudad para que el IGAC, decidiera llevarse las oficinas que por muchos años atendieron al público en la sede de la alcaldía para la ciudad de Cali.
La decisión del Gobierno local en entregar el manejo catastral a la Gobernación del Valle, es considerada como una decisión equivocada, desconociendo la petición válida del ex-alcalde Vélez Román, o en el peor de sus defectos, haber asumido el manejo catastral directamente por la administración acatando las disposiciones legales sobre el tema.
Mucho trabajo tiene el Concejo Municipal, especialmente los declarados en oposición al gobierno o los cabildantes independientes, para que la administración explique los verdaderos motivos que lo llevaron a entregar el manejo catastral al gobierno del partido de la U, que manda en Tuluá y en el Valle.
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Los magníficos resultados que registran los coordinadores de la candidatura al Congreso de la dupla Juan Carlos Garcés y Jorge Eliecer Tamayo, en la reciente visita que adelantaron a la Villa de Céspedes, corrobora que en Tuluá, la disputa por obtener la primera votación para el Senado, entre los candidatos del partido de la U, puede ser una aplanadora en favor de uno de ellos.
Los cálculos de los amigos de Juan Carlos Garcés, que cuentan no solo con la mayoría de las organizaciones políticas adscritas al movimiento «Nueva Generación» sino de grupos afines al partido de la U, vaticinan que Garcés puede borrar el resultado electoral de Norma Hurtado, que se quedó solo con el apoyo del movimiento «Equidad Segura». Si esta disputa se mantiene en los municipios, igual a lo que sucede en Tuluá, la directora nacional del partido de la U, Dilian Francisca Toro, puede correr el riesgo de perder uno de los dos escaños con los que cuenta en el Senado de la República.
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Un sector de amigos del actual gobierno con un afán desmedido ponen en el sonajero de posibles candidatos a suceder en el cargo al abogado John Jairo Gómez Aguirre, a funcionarios que lo acompañan en el gabinete, con el único mérito de cumplir las actividades establecidas en el manual de funciones en el cargo que representa y cobrar cumplidamente su salario cada mes.
O el interés es generar una disputa interna, o muy temprano se desencantaron con el gobierno que ayudaron a constituir que desde muy temprano han comenzado a buscar el reemplazo de Gómez Aguirre. Si es lo primero, esa clase de anuncios de aspiraciones sin el más mínimo mérito puede generar rivalidad entre el par de funcionarios que realmente tienen el voltaje para enfrentar con propiedad una candidatura de sucesión de gobierno como las posibles aspiraciones del Secretario de Educación Evert Antonio Villegas Morantes o el de Gobierno Jorge Alexander Gallego Chávez.
Si el afán de buscar el reemplazo de John Jairo Gómez Aguirre, es por desencanto, flaco favor le hacen a funcionarios como Edilberto Alarcón, director de la Oficina de Planeación, o al director de las Tic Francisco Ossa, carentes del kilometraje necesario en materia electoral que los pueden conducir al «quemadero» antes de someterse a las urnas. Si siguen quemando la dinamita haciendo «tiros al aire» le ponen en bandeja de plata a una eventual candidatura para que el Cambio, recupere la alcaldía con Gustavo Vélez, o le abren un enorme boquete a la justa aspiración de Marco Alejandro Arbeláez Vargas, con méritos suficientes para gobernar la ciudad.