Con el anuncio oficial del inicio de operaciones de la Empresa Pública de Tuluá (EPT Aseo), previsto para el próximo 17 de enero, el alcalde Gustavo Vélez salió al paso a los cuestionamientos y a los pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación sobre un eventual conflicto de intereses.
El mandatario local fue enfático en precisar la condición legal del municipio frente a la actual compañía prestadora del servicio: «El municipio de Tuluá no es socio de Veolia, es socio de un contrato el cual termina el 17 de enero y cuando eso pase no habrá ninguna atadura legal para que, a través de una nueva figura, Emtuluá sea parte fundamental».
Con esta postura, la administración municipal ratificó el rumbo de la nueva entidad encargada del esquema de saneamiento básico en la localidad.
Cobertura total e inversión inicial
La nueva compañía asumirá de manera integral la recolección, el barrido, la disposición final de residuos y el mantenimiento de las áreas públicas. Además, la administración prevé proyectar la operación, en una fase posterior, hacia municipios aledaños.
Para poner en marcha la operación, el socio estratégico de la entidad, el grupo Serviambientales, realizará una inversión inicial cercana a los 15.000 millones de pesos. Estos recursos estarán destinados exclusivamente a la adquisición y dotación de una flota de vehículos compactadores para Tuluá y las localidades vecinas.
El equipo directivo al frente del proyecto cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de los servicios públicos, con antecedentes en la operación prestada a Emsirva durante su etapa de liquidación en Cali, así como en la prestación de servicios en Palmira y otras municipalidades mediante el esquema de tercerización de flota.
Regulación tarifaria y calidad
Frente a las inquietudes sobre el costo final para el usuario, los voceros de la empresa aclararon que el marco tarifario se encuentra bajo la regulación estricta de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Por esta razón, la estrategia operativa no estará fundamentada en una competencia por precios bajos —al estar topeados por la norma nacional—, sino en la calidad e intensidad del servicio ofrecido. La compañía busca garantizar cobros justos dentro del esquema regulado, marcando un diferencial frente a las condiciones contractuales tradicionales que han operado en la región.
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