Por: Marcial Blandón
De tiempos pretéritos es la costumbre de sostener los directorios políticos con el apoyo que dan las personas que el jefe del grupo hace nombrar en la administración pública o quien le consigue un contrato con el Estado. Como lo es el consabido 10% que contratistas de obra pública entregan a quien le ayudó a conseguir el contrato. En otras modalidades de contratación ese porcentaje sube hasta el 50%. Incluso hace un par de décadas por nómina le sacaban al trabajador la cuota para el directorio de acuerdo al salario que devengaba.
Muchos políticos se han visto envueltos en líos judiciales por pedir cuota a los empleados que hace nombrar; varios han perdido la investidura cuando les han logrado demostrar la comisión del delito. El caso de mayor resonancia en Colombia corrió por cuenta de la dirigente Regina Betancourth de Liska, conocida como «Regina Once», fundadora del movimiento «Metapolítico» quien valiéndose de su condición de Senadora de la República, le solicitaba dinero a funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, delito por el cual tuvo «muerte política».
Hace poco se conoció una denuncia que en sus redes sociales hizo una funcionaria adscrita a la Gobernación del Valle, en la que sindica a su Jefe laboral y político de exigirle una cuota económica para poder laborar en esa dependencia. Lo extraño es que la denuncia se hace a través de redes sociales, pero no ante la justicia ordinaria; igualmente surge la inquietud si la denuncia se da por un hecho coyuntural porque debió hacerse desde el mismo momento en que le exigieron la cuota en dinero, porque según entendidos la denunciante venía vinculada a ese despacho desde la administración de Ubeimar Delgado Blandón.
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La Casona, también conocida como Los Manguitos, donde funcionó el hospital San Antonio, fue objeto de una visita institucional por parte del gobierno del alcalde John Jairo Gómez Aguirre, como nunca se había adelantado en administraciones anteriores. Liderada por la Secretaría de Bienestar Social a cargo de Carolina Flórez Avirama, y el apoyo del hospital Rubén Cruz Vélez, la oferta institucional colmó las expectativas de esta comunidad vulnerable socialmente.
La Casona ha sido un semillero de deportistas de la disciplina de boxeo, contaba con un gimnasio que poco apoyaba el gobierno, bajo las orientaciones del profesor José Edurloy Osorio. Deportistas como John Jairo Castro, alcanzaron a ser campeón nacional; igualmente Wilmar Tangarife, se paseó con éxito en diferentes cuadriláteros de la nación y Luis Jairo Castro Gaviria (q.d.e.p.), quien residió en el sector fue un destacado directivo del Comité Municipal de Boxeo.
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El Covid-19 sigue haciendo estragos en la sociedad tulueña, uno de los últimos casos registrados es el del ingeniero Luis Eduardo Calderón Borja, ex-alcalde de la ciudad en el segundo semestre de 1997, ante la renuncia del abogado Aimer Arango Murillo, quien se separó de su cargo para permitir la elección de su esposa Esperanza Cifuentes Sánchez, como diputada del Valle. Calderón Borja, fue igualmente Concejal de Tuluá y diputado de la Asamblea Departamental.
q.e.p.d.
Durante el gobierno de Luis Eduardo Calderón Borja, se implementó el uso del casco obligatorio atendiendo una disposición de orden nacional; la medida en su momento generó rechazo de los motociclistas, e incluso hasta conatos de protesta se presentaron, medida que resulto en el futuro un verdadero éxito, ya que estadísticas establecieron la reducción de muertes en accidente de tránsito ante el uso del casco protector. Paz en su tumba al jovial ex-alcalde.
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Siendo alcalde de los tulueños el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, tomó la decisión de demoler el muro que encerraba un lote de terreno propiedad del municipio contiguo a la Institución Educativa Gimnasio del Pacífico, dando paso a un lugar de encuentro, recreación, de esparcimiento y deportivo conocido como «Parque de la Familia». Se adelantaron las adecuaciones pertinentes para que el lugar se convirtiera en un escenario para la práctica de diversas actividades deportivas.
Foto tomada de al-instante.com
El lugar que resultó ser un verdadero atractivo de esparcimiento para la familia tulueña, demanda una intervención urgente de la Administración municipal a través de la Secretaria de Gobierno con su especialidad de espacio público, para controlar la presencia de vendedores ambulantes que cada fin de semana crece, para regular la ubicación de inflables que son de uso cotidiano de los niños, para que cumplan con todos los requisitos para su funcionamiento y se debe reglamentar el uso de la pista de patinaje tomada por deportistas, atletas, ciclistas y hasta conductores de motocicleta. Buen trabajo le espera a la abogada Karen Ossa, coordinadora de Espacio Público, para que recupere el orden en el sector.