Por: Marcial Blandón
Son varias las demandas que cursan en despachos de la región en contra de una funcionaria de alto nivel del gobierno «De la gente para la gente» por sus actuaciones en el ejercicio del cumplimiento de funciones desde la fecha en que asumió el cargo. Desde conductas que pueden lesionar el patrimonio público, otras que presuntamente violaron el Código Único Disciplinario, hasta conductas de tipo penal según conoció diariodetulua.com, a través de una fuente que pidió la reserva de su nombre.
Los procesos penales, disciplinarios y de responsabilidad fiscal en nuestro ordenamiento jurídico son muy lentos, por la congestión en los despachos judiciales, como costumbre; «revientan» cuando los funcionarios han dejado ya sus cargos, en el caso que nos ocupa, las pruebas son tan evidentes, que aseguran quienes conocen los procesos que antes que termine el mandato del actual gobierno las «ias» producirán resultados de manera contundente.
El desconocimiento de las funciones en el rol administrativo que desempeña es una de las principales causas que han motivado las múltiples demandas en contra de la funcionaria pública, decisiones tomadas que la pueden meter en serios líos judiciales. Sin contar con actuaciones sin límites de soberbia y de atropello en contra del personal a su cargo. Noticia en desarrollo que merece un juicioso seguimiento.
***
Nuevamente Tuluá es puesta en el ojo del huracán por la gran prensa nacional que desplegó amplia información sobre el lamentable hecho de orden público suscitado entre la vereda Remolinos y el Corregimiento de San Rafael, cuando una comisión integrada por un Juez de la República de Restitución de Tierras, los reclamantes y un convoy militar fueron atacados presuntamente por disidencias de las Farc de la Columna «Adán Izquierdo». El hostigamiento cobró la vida de dos uniformados y lesiones en seis más que fueron atendidos en la Clínica Maria Ángel de esta ciudad.
La lamentable noticia refleja lo mal que anda la ciudad en materia de orden público, tanto en el casco urbano como en el sector de alta montaña; lo grave del asunto es que ante la desidia del Estado puedan resurgir la presencia de grupos paramilitares, como lo hicieron en Julio de 1999, cuando aparecieron en el corregimiento de la Moralia, dejando una estela de dolor y sangre en su recorrido por las montañas tulueñas. El gobierno en todos sus niveles no puede bajar la guardia.
***
Muy preocupados y a punto de histeria se encuentran los rectores, administradores y propietarios de Instituciones Educativas en el sector privado, por la Acción de Tutela, impetrada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, Sutev, Capitulo Tuluá, en la cual un Juez de la República como medida provisional ordenó suspender el regreso presencial a clase en virtud de la pandemia generada por el Covid-19.
José Omar García, uno de los voceros de la asociación que agrupa a los Colegios Privados manifestó su preocupación por la decisión judicial toda vez, que este sector es uno de los más afectados desde que apareció el virus, ya que se vieron obligados a cerrar sus instituciones, las cuales viven del pago de las correspondientes pensiones de los alumnos. Según Omar García, todo el sector educativo privado garantiza las condiciones en bioseguridad para que la población estudiantil asista presencialmente a recibir sus clases.
***
Siendo alcalde de Tuluá, el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, tomó la iniciativa de recuperar un lote de terreno en el barrio San Antonio, el cual fue conocido como la «Rayadora de Yuca», lugar que albergó en la administración del alcalde Ramiro Devia Criollo (q.d.e.p) a cientos de familias, víctimas de desplazamiento ocasionada por la incursión paramilitar en la región.
En el mandato del arquitecto Francisco Javier Gálvez Giraldo, se cumplió la reubicación de muchas de estas familias a la Urbanización San Francisco, pero desafortunadamente no con la totalidad de los núcleos familiares que habitaban las instalaciones de la «Rayadora de Yuca». En una colosal tarea el gobierno de Vélez Román, en contra de todos los pronósticos, entregó lotes de terreno y materiales de construcción a las nueve familias que quedaban en el lugar dando paso a la construcción del «Parque de los Sueños».
El gobierno de John Jairo Gómez Aguirre, mantiene el parque para disfrute de la comunidad de ese sector de la ciudad, la tarea es ponerle color a través de grafitis elaborados por artistas locales. Decisión que resalta el interés comunitario que refleja que la página de la anterior campaña política se sigue doblando.