Por: Marcial Blandón.
La madrugada del domingo 24 de Enero de este año será imborrable en la mente de cinco prestigiosas familias bugueñas que fueron víctimas de un a atroz masacre mientras igual número de promisorios jóvenes disfrutaban de una tertulia en la finca «San Jacobo» ubicada en la vereda Cerro Rico, en jurisdicción del Municipio de Buga.
Esta ciudad consagrada al Señor de los Milagros y su sociedad aún no se recuperan del brutal crimen, como era de esperarse. Todas las autoridades desde el presidente de la República Iván Duque Márquez, hasta el más humilde de los bugueños repudiaron el asesinato de estos jóvenes, hecho por el cual se ofreció una recompensa hasta de 250 millones de pesos a quien suministre información veraz que dé con el paradero de autores materiales e intelectuales de tan execrable homicidio
El Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado, designó una comisión de sus mejores investigadores para resolver la masacre y llevar a los estrados judiciales a sus autores. Diez días después la opinión pública no conoce los avances de la investigación, mientras han ocurrido hechos similares en los últimos días en los departamentos de Cauca y Nariño. La comunidad espera que no se vaya a desviar la investigación en las nuevas masacres y tome el rumbo de la impunidad un crimen que marcó para siempre las familias de Sara Rodríguez, Valentina Arias, Juan Pablo Marín, Nicolás Suárez y Jacobo Pérez. Justicia clama la comunidad bugueña.
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Para muchos en la región la Cámara de Comercio de Tuluá, fue una convidada de piedra durante la emergencia social que ha ocasionado la pandemia del Covid-19; aseguran que faltó liderazgo de esa entidad para resolver de fondo la crisis de ese importante sector productivo. Uno de sus más ácidos críticos es el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, que así lo ha registrado en varias de sus muy leídas y escuchadas crónicas.
Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tuluá
A la presidencia de la entidad llegó el empresario y Contador Público de profesión Gustavo Muñoz Saa, precedido de una amplia trayectoria en el sector empresarial, es una de las jóvenes figuras más sobresalientes en el sector privado, se espera que le imprima desde esa dignidad el liderazgo que en los últimos años ha perdido la Cámara de Comercio. Quienes lo conocen, aseguran que tiene madera de sobra para cumplir con el cometido.
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Los integrantes de la Asociación de Policías Retirados de Tuluá «Asoportul» están que no se cambian por nadie, especialmente los postulados a adquirir una solución de vivienda en la urbanización de esta agremiación, luego del ingreso al Concejo Municipal de uno de sus más destacados integrantes: José Manuel Rodríguez Poloche, quien lució con decoro el uniforme verde oliva.
Los electores de Rodríguez Poloche, se fueron a conciliar el sueño la noche del domingo 27 de Octubre de 2019, con la satisfacción de haber elegido a uno de los suyos en el Concejo Municipal, con una escasa diferencia de votos de su más inmediato seguidor el joven Jaime Franco Gómez (q.d.e.p) en la lista del partido Centro Democrático.
Después de unos extenuantes escrutinios que duraron más de una semana en el coliseo cubierto de la Institución Educativa Gimnasio del Pacífico, finalmente la Registraduría Especial del Estado Civil, certificó que la curul del partido del ex-presidente Álvaro Uribe, le correspondía a Jaime Franco, que en el resultado definitivo superó por seis votos al ex-policía José Manuel Rodríguez.
El mortal virus que tantas vidas ha arrebatado, le quitó la existencia a Jaime Franco, promisoria figura política nacida en el Municipio de Trujillo, para ocupar la vacancia definitiva fue llamado Rodríguez Poloche, siguiente en la lista del partido de gobierno de orden nacional, motivo que llena de esperanzas a los adjudicatarios del programa de vivienda ubicado en el plan parcial cinco de la Villa de Céspedes.
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Un rumor que se escuchaba a gritos comenzó a tornarse en realidad cuando la alta gerencia de la empresa de Acueducto y Alcantarillado del Valle, Acuavalle, comenzó a ejecutar despidos de personal, muchos de ellos vinculados al Sindicato de la entidad.
Aseguran los afectados que el gerente de Acuavalle, Jorge Enrique Sánchez Cerón, ex-alcalde del Municipio de Guacarí, fortín político de la actual presidente del Partido de la U., Dilian Francisca Toro, y reconocido militante del movimiento «Nueva Generación» ha prescindido de los servicios laborales de muchos trabajadores, con derechos adquiridos en el marco de la Convención Colectiva del Trabajo, cuando identifican que venían de administraciones pasadas no afines a la organización política que lidera la ex-gobernadora del Valle.
Los damnificados con esta decisión son trabajadores oriundos de municipios como Riofrío, Trujillo, Bugalagrande, Andalucía, entre otros, que han puesto en conocimiento de órganos de control disciplinario lo que ellos consideran arbitraria decisión de la gerencia de Acuavalle.