Por: Marcial Blandón
La proliferación de ventas ambulantes por toda la ciudad, parece un tema lejano de control por quienes tienen la obligación de ejercerlo. La expectativa que se tenía en el grueso número de «Gestores de Convivencia Ciudadana», contratados por la Administración municipal a través de la Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia, ha sido un desencanto. Las ventas ambulantes alrededor de Mercaplaza, el centro de la ciudad especialmente la calle Sarmiento atiborrada, ni que decir del bulevar de la calle 25, son pruebas fehacientes del fracaso de la política de recuperación de espacio público por el actual gobierno.
La Transversal Doce, desde la calle 25 hasta el puente de Aguaclara, es un verdadero mercado persa, las ventas estacionarias sobre el separador, en su gran mayoría conectadas ilegalmente al servicio de energía reinan por doquier en ese sector, las comparenderas de la Policía Nacional parece que no existieran para controlar tanto desorden, para los gestores de convivencia ciudadana son lugares invisibles. Sobre el separador de la Transversal se han organizado verdaderos restaurantes, incluidos mesones y silletería, ante la vista complaciente de las autoridades locales.
Una cosa es el derecho al trabajo, salir al rebusque del diario para llevar a los hogares ante el reinante desempleo y la escasa oferta laboral que ofrece la ciudad y otra el abuso que se hace de ella, ante la vista de la autoridad obligada a garantizar el derecho general a que la ciudadanía disfrute de un sendero peatonal y a transitar por espacios libres. Todo indica que el Municipio carece de una verdadera política integral de recuperación de espacio público y que no existe planificación de los encargados de coordinar el numeroso grupo de gestores ciudadanos y eso sin hacer referencia a lugares como la Carrera 30 ó 40, ocupada de manera arbitraria por los comerciantes del sector; allá si dan ganas de llorar de verdad.
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El lote de terreno ubicado a un costado de la Transversal Doce, inundado varias veces por las feroces aguas del río Morales y lugar destinado para el programa de vivienda «Belén» sigue dando de qué hablar en Tuluá. Ante las pobres respuestas y sin argumentos que en sesión plenaria entregó el titular del departamento administrativo de Planeación a los concejales tulueños, y por iniciativa ciudadana se puso en conocimiento de la Procuraduría Provincial de Guadalajara de Buga, las presuntas irregularidades en el otorgamiento de la licencia urbanística al «susodicho» programa de vivienda.
Será en ese órgano de control disciplinario que se logre establecer si la licencia cumple con todos los requisitos de Ley, si los urbanizadores aportaron la documentación válida y fundamentalmente si la parcelación de vivienda cumple con las especificaciones establecidas para incorporarla al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de Tuluá. Para seguirle la pista al tema.
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Por fin y para bien de sindicados y sus familias, el gobierno «De la gente para la Gente» pasados catorce meses, comienza el traslado gradual de los casi 220 detenidos que se encuentran en los CAI y el Coliseo de Ferias «Manuel Victoria Rojas» a las instalaciones de la cárcel de mediana seguridad de la Villa de Céspedes. Esta población a quienes se les violaron sus derechos por mantenerlos en condiciones inhumanas en lugares no aptos para una reclusión podrán continuar ejerciendo su defensa jurídica de los delitos que les imputan en un establecimiento carcelario.
Independiente de los delitos que les puedan sindicar, son seres humanos que merecen un trato digno; muy pocas voces de defensores de derechos humanos se escucharon en defensa de sus derechos. Cabe resultar que los detenidos son solo sindicados, no condenados, y como tal su juicio deben enfrentarlo en condiciones mínimas de dignidad, porque nuestra legislación establece el principio de inocencia hasta que un fiscal demuestre lo contrario y se conozca el juzgamiento por un Juez de la República. Ojalá hechos tan lamentables no se vuelvan a presentar.
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Cada día aumenta el número de ciudadanos extranjeros en las esquinas y semáforos de la ciudad, en el rebusque de una moneda para su sufrida existencia. Con gran preocupación nota la ciudadanía el incremento especialmente en la población migrante de la vecina República de Venezuela, con un hecho lamentable que es la presencia de niños, incluso, exhibidos para buscar la caridad pública.
Las autoridades locales deben articular esfuerzos con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Comisaria de Familia y la Secretaría de Bienestar Social. En esta época de invierno las niñas, niños y adolescentes, están expuestos a enfermedades virales y a otra enfermedad más letal que es la explotación infantil. No pueden hacerse a oídos sordos para atender una problemática que cada día va en aumento ante el constante desplazamiento de extranjeros que de paso o por temporada llegan a la ciudad.