Por: Marcial Blandón
A final de Enero de este año se perpetró un hecho sangriento que enlutó a cinco prestantes familias de la sociedad bugueña, en una masacre ocurrida en la madrugada del último domingo de ese mes en la finca «San Jacobo» en jurisdicción del municipio de Buga. Las cinco víctimas sobre los 18 años y una menor de edad provenientes de importantes núcleos familiares de la ciudad señora gozaban de una amplia reputación en su círculo de amigos y de ser promisorias figuras en el campo profesional.
Conocida la lamentable noticia el propio Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, dispuso de un equipo interdisciplinario de sus mejores sabuesos provenientes de Bogotá y el Estado y la Policía Nacional, ofrecieron una recompensa de hasta $250 millones de pesos para quien brindara información que diera con el paradero de autores materiales e intelectuales y se despejaran los móviles de tan horrendo crimen.
La investigación del CTI arrojó varias hipótesis que permitieron abrir una noticia criminal con la certeza en que en los días siguientes se podría esclarecer el quíntuple homicidio. Lamentablemente las hipótesis se convirtieron en conjeturas sin que los organismos de inteligencia arrojen resultados positivos en la investigación. Las familias víctimas de la incursión armada reclaman que las autoridades revelen la verdad, tantas presunciones sobre la masacre solo hacen más daño, demandan despejar los hechos para por poder hacer el verdadero duelo de sus familiares que a tan temprana edad se despidieron de la existencia terrenal.
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El proyecto de Ley, radicado en la Cámara de Representantes por la Federación Colombiana de Municipios que busca la unificación de los periodos del Presidente de la República, Congreso, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Juntas Administradoras Locales, parece que no va a tener ningún éxito en la presente legislatura. De dientes para fuera un puñado de dirigentes ha rechazado la iniciativa, pero en el fondo buscan que en el lobby que se hace en los pasillos del Congreso, por los menos la iniciativa salga con ponencia favorable en la comisión de la Cámara de Representantes.
Es que a que Concejal, Diputado o Congresista no le va a convenir que se prolongue el período por dos años más, en los cuales los honorarios o salarios a devengar serán producto de no haberse sometido a una contienda electoral por lo menos para la mitad de un período, con lo que cuesta una campaña política. O que alcalde o gobernador no va a aceptar dos años más de gobierno, 24 meses en los que puede desarrollar con creces sus planes de desarrollo, sin que decir del poder que pueda ostentar en ese bienio.
El no estar de acuerdo es de dientes para afuera, y el rechazo de la sociedad al estar de acuerdo con una propuesta de este calibre, que a quien lo acepte públicamente deberá someterse al escarnio de las redes sociales. Se puede hacer una consulta con los alcaldes de la región y sus Concejales y se puede apostar doble a sencillo que sin hacerlo público por lo menos el 80% de los consultados está de acuerdo a que les alarguen el período, lo demás es falsa moral.
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Estuvo de cumpleaños la ex-concejal y candidata a la alcaldía de Tuluá Martha Cecilia Córdoba Gómez, siendo objeto de múltiples felicitaciones en las redes sociales. El reconocimiento que recibe la directora de la Escuela de formación «Tomedent», no es gratuito, es el resultado de una labor social que ha adelantado en toda la ciudad desde los cargos que ha ocupado.
Córdoba Gómez, como se recordará ha ejercido la presidencia del Concejo; como Concejal fue promotora de la «caninata» hoy convertida en Acuerdo Municipal, que propende por la protección y cuidado de las mascotas; adelantó una interesante campaña como precandidata a la alcaldía de Tuluá, declinando su aspiración en representación del movimiento significativo de ciudadanos «Juntos por Tuluá» debido a que tanto la Registraduría Nacional del Estado Civil como el Consejo Nacional Electoral, no revisaron de manera oportuna las firmas que la candidata hizo llegar para inscribir su candidatura.
El nombre de Martha Cecilia Córdoba Gómez, no se debe descartar para someterlo al juicio electoral de la ciudadanía tulueña, en eventos electorales del inmediato futuro; lo visto en redes sociales con motivo de su cumpleaños confirman que goza de amplia simpatía en el recordatorio de los tulueños.
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Mediante una misiva respetuosa, pero clara y contunde rubricada por el alcalde Diego Fernando Guerrero Quiceno, y dirigida al alcalde de Tuluá John Jairo Gómez Aguirre y al director del departamento de Movilidad y Seguridad Vial abogado Henry Osorio Cárdenas, el mandatario de los trujillenses sale en defensa de su comunidad y la de sectores aledaños por los graves perjuicios que a esas comunidades ha ocasionado la puesta en marcha de la central de transportes ubicada al ingreso norte de la Villa de Céspedes.
Dice en su comunicado el también abogado Diego Guerrero, que en representación de su comunidad y de la empresa de transporte público Coopetrans Trujillo Ltda., el traslado de las oficinas de esta empresa a la nueva terminal, ha generado grave consecuencias a la economía de las personas que utilizan ese transporte público, a quienes se les incrementaron los costos para adelantar sus diligencias en Tuluá, al utilizar el transporte urbano para llegar a sus destinos. Según el alcalde Guerrero Quiceno, esta dificultad de desplazamiento ha promovido la propagación del transporte informal como vehículos piratas, mototaxis y particulares.
El mandatario trujillense recalca en el escrito que esta práctica ilegal pone en riesgo a esa población, ya que se ofrece sin ninguna protección o garantía para los pasajeros. Pero lo más delicado es que el transporte ilegal está ocasionando la desaparición de la empresa patrimonio de la comunidad trujillense. El sustento de más de 100 familias que dependen de Coopetrans Trujillo o el incremento de los costos del traslado de pasajeros al nuevo terminal, hicieron que de manera enérgica Diego Guerrero, como primera autoridad de su municipio saliera en defensa de sus intereses. Se espera la respuesta del mandatario de los tulueños y su autoridad en tránsito