Por: Marcial Blandón
Como lo anticipó el Diario de Tuluá, en esta sección de la edición del Lunes 5 de Abril de este año, el acaparamiento de uno de los productos esenciales de la canasta familiar como es la papa, en los días de la Semana Santa, fue el detonante para sacar a la luz pública una crítica situación que vienen sintiendo productores de este alimento en sectores como el departamento de Nariño y en la alta montaña tulueña, específicamente en los corregimiento de Barragán y Santa Lucía, donde se siembra el tubérculo.
Tuluá, vive el acaparamiento de dos productos como es el de la cebolla y el cilantro; a través de su comercialización ha surgido un grupo de bandidos que a sangre y fuego se disputan en las galerías la oferta y demanda al mejor postor. Son varios los homicidios que de acuerdo a las investigaciones arrojadas por los órganos de inteligencia se derivan de la venta de esos productos. La misma Policía Nacional ha dado golpes contundentes a los criminales que le dieron vida ilegal a los carteles del cilantro y la cebolla.
Con la comercialización de la papa y su acaparamiento ya la ciudadanía se atrevió a denunciar; resta que esos mismos órganos de inteligencia adelanten una exhaustiva investigación para que el cartel de la papa que ya se mueve en el sector de las galerías sea desmantelado y eviten un derramamiento de sangre como se ha hecho con la venta de la cebolla y el cilantro.
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Con el corazón arrugado registramos el sensible fallecimiento del ilustre ciudadano Manuel Antonio Páez Velandia, víctima de los mortales efectos del Covid-19, que le arrebató la vida después de sostener una feroz batalla en una Unidad de Cuidado Intensivo UCI de la ciudad.
La muerte de don Manuel Páez, ha causado un profundo pesar en la sociedad tulueña, padre de Manuel Antonio, bachiller del Colegio Gimnasio del Pacifico y actual funcionario del Hospital Rubén Cruz Vélez; de Carlos Humberto, funcionario de Celsia, ex-candidato al Concejo Municipal, líder cívico y deportivo, promotor de promisorias figuras del balompié en la región; de Danilo, quien ocupó una curul en el Concejo Municipal en la lista que en 1995, encabezó el abogado Javier Fernández Botero. A sus hijas Francia, Nancy y Beatriz, y demás familiares expresamos nuestra sincera solidaridad y nos unimos a la cadena de oración que pide al Todo Poderoso que doña Inés, matrona de este hogar derrote al mortal virus que también padece.
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El rimbombante anuncio del mandatario de los tulueños abogado John Jairo Gómez Aguirre, de cancelar la Feria de Tuluá, en virtud a la pandemia generada por el virus del Covid-19, arrancó aplausos de todos los sectores de la ciudad y lágrimas de sus más cercanos amigos y colaboradores cuando indicó que los recursos iba a invertir en el certamen ferial serían destinados a mejorar y embellecer la más importante vía del municipio que es la transversal doce.
No terminaba de recibir el alcalde Gómez Aguirre, la palmada en la chaqueta ante el fenomenal anuncio, cuando expertos en la materia comenzaron a controvertir el anuncio de los cinco mil millones, que supuestamente se iban a invertir en el evento ferial cuando ninguna de sus ediciones ha sobrepasado los dos mil millones, además en que ningún espectáculo es gratuito, ni siquiera el ingreso al Coliseo de Ferias «Manuel Victoria Rojas». De lo anterior surgen tres interrogantes: ¿En verdad la propuesta es una farsa? ¿Es una propuesta populista? o ¿Desconocimiento del manejo presupuestal y financiero del evento más importante de los tulueños?
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De acuerdo al pronunciamiento No. 001 del 6 de Abril de 2021, del Movimiento Nacional por la Democracia, que promueve la Revocatoria del mandato de 73 alcaldes del País, esta iniciativa ciudadana no solo se enredó sino que va para el archivo definitivo.
Sus promotores, en un contundente comunicado indicaron que agotaron todos los pasos exigidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Salud y Protección Social, en materia de bioseguridad para evitar la propagación del Covid-19, y emplazaron al órgano electoral a entregar las planillas para dar inicio a la recolección de las firmas. Criticaron los firmantes del documento que la Registraduria haya autorizado la recolección de las rúbricas para el referendo campesino y el Consejo Nacional Electoral, CNE, autorice encuestas presenciales que miden la opinión del país en materia electoral y no tengan en cuenta a los Comités Promotores de la Revocatoria.
Consideran como una desigualdad política la posición asumida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y declararon al Registrador Alexander Vega Rocha, como «enemigo público de la democracia Colombiana».