La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, a través de su apoderada, la Doctora Gloria Stella Ortiz Delgado, solicitó formalmente al Juez Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad iniciar un incidente de desacato en contra del diputado Jonhy Acosta, ante el persistente incumplimiento de la sentencia emitida el pasado 19 de diciembre por la Corte Constitucional.
El fallo ordena al diputado rectificar, en un plazo no mayor a 48 horas, la información falsa publicada en redes sociales en contra de la mandataria. Se trata de un fallo histórico que busca amparar los derechos de Toro Torres como mujer política y gobernante.
En su solicitud, la apoderada de la Gobernadora demostró, mediante memorial radicado y anexando material probatorio, que el diputado sigue informando a sus seguidores en redes sociales en forma falaz y contraria a la realidad.
“La sentencia dejó en claro que la oposición política está protegida constitucionalmente, pero no se protege cuando se otorga información falaz, mentirosa o contraria a la realidad. Lastimosamente, el diputado Acosta Villota sigue informando a sus seguidores en redes sociales en forma falaz y contraria a la realidad, por lo que lejos de cumplir el fallo, sigue revictimizando a la accionante, pese a tener en su contra orden judicial de la Corte Constitucional que protege los derechos de la señora Toro Torres”, expresa Gloria Stella Ortiz Delgado.
La Gobernación del Valle del Cauca espera que el despacho judicial actúe con celeridad para garantizar el cumplimiento de la orden judicial y detener la difusión de información falsa que vulnera los derechos de la mandataria. “Agradecemos su atención y pronta intervención para hacer efectiva la orden de la Corte Constitucional, máxima guardiana de los derechos fundamentales en el país y de la integridad de la Constitución”, concluye la solicitud.
Este fallo de la Corte Constitucional es histórico porque, además de generar criterios claros para diferenciar entre el control político y el hostigamiento, generó un precedente y un punto de partida en la garantía efectiva de los derechos de la mujer en política, estableciendo un derrotero para generar acciones a partir de la ley 2453 del 2025, que busca prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en la política.
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