La plenaria del Senado aprobó modificación a la ley de garantías en el presupuesto general de la nación 2022.
La votación final fue de 54 a favor y 30 en contra aprobando así por mayorías la suspensión de dicha ley que permite a los alcaldes y gobernadores contratar a través de convenios interadministrativos en pleno periodo electoral.
Para ser ley de la República sólo falta la votación del artículo en la Cámara de Representantes y finalmente la conciliación para pasar a sanción presidencial.
Este es uno de los apartados más polémicos de este texto por ser considerado un potencial riesgo para irregularidades puesto que la suspensión de ese inciso permitiría a las entidades del orden nacional y las entidades territoriales celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos en épocas electorales.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha defendido que el propósito es no interrumpir la ejecución y la inversión pública durante la actual etapa de recuperación económica tras el choque propinado por la covid-19. Así las cosas, el artículo fue aprobado con 54 votos a favor y 30 en contra y, para que sea una realidad, solo falta ver si la Cámara también lo avala.
Otros de los puntos que está generando controversia es el artículo 104, que propone aprobar el traslado exprés de los fondos privados a Colpensiones, proyecto que beneficiaría, según Minhacienda, a 19.000 personas pero tendría un costo fiscal de $3,8 billones para la Nación. En este caso, el Senado aprobó suprimirlo con 46 votos a favor y 22 en contra.