POR: JOSÉ ARBEY SÁNCHEZ
La Contraloría Municipal, liderada por Harold Fernando Cerquera, entregó el balance definitivo de los hallazgos con incidencia fiscal y disciplinaria encontrados en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, Infituluá E.I.C.E., en la vigencia 2023 que ascienden a 12.591 millones de pesos.
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De acuerdo con la auditoría practicada a 56 contratos suscritos por Infituluá por valor de $17.021.051.090 que fue consignada en el Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión que la Contraloría reveló el pasado 20 de diciembre de 2024, se evidenciaron 25 hallazgos administrativos de los cuales 17 tienen incidencia disciplinaria y nueve presuntas connotaciones fiscales.
En el documento de 89 páginas se conceptúa que Infituluá, por aquella época gerenciada por el exconcejal Denny Osorio Villada, incurrió en el incumplimiento de requisitos legales en las diferentes etapas de la contratación (precontractual, contractual y poscontractual). El análisis de auditoria se concentró en los contratos que estaban orientados a desarrollar el objetivo misional de la entidad en los que evidenció “que no todos los contratos contienen los documentos relevantes que sirven de soportes y prueba en las distintas fases contractuales”.
HAROLDO CERQUERA, Contralor de Tuluá
“Se evidenció deficiencias en las etapas de contratación, por indebida realización de estudios previos, incumplimiento de la normatividad correspondiente por cada modalidad, además de las presuntas acciones que generan quebrantamiento legal y pérdida del recurso por una incorrecta verificación y estudio de mercado sobre los precios pactados desde la etapa precontractual, además por falencias en la supervisión de los contratos”, enfatiza el informe de la Contraloría de Tuluá.
Para el equipo auditor, se violentó el principio de moralidad al desconocer el artículo 44 del Manual de Contratación en el capítulo ‘Venta y alquiler de bienes´. “Lo anterior teniendo en cuenta la afectación en los activos de la entidad, ya que el representante legal modificó la forma de pago en algunos contratos, sin el lleno de los requisitos legales, sin la suscripción de otrosí, sin autorización de la junta directiva, realizando entrega de bienes muebles de la entidad como forma de pago, situación que configuró una extralimitación de funciones”.
No obstante, para la Contraloría uno de los hallazgos de “mayor significatividad” es la errónea clasificación que recibió en los Estados Financieros el edificio de la Terminal de Transportes de Tuluá por valor de $32.329.113.000 como propiedad de inversión, en lugar de ‘Inventarios de bienes producidos y construcciones’. “Analizados y evaluados los argumentos y soportes documentales presentados por Infituluá en su derecho de contradicción a esa observación, la Comisión Auditora determina dejar en firme y configurarla como un hallazgo administrativo…”
Mientras tanto, el Informe destaca que las inversiones a largo plazo en la Terminal de Transportes de Popayán, que harían parte del patrimonio de Infituluá, se encuentran sobrevaluadas (tienen un precio superior a su valor real) en $1.038.570.000”. En contraste, la inversión en la Central de Transportes de Tuluá está subvaluada (valor menor al costo real) en $2.745.468.000.
Obras inconclusas
En los proyectos de lotes con servicios denominados Urbanización Terranova y Gualanday, cuya entrega estaba prevista para el 31 de diciembre de 2018, la Contraloría evidenció que se ha cumplido parcialmente el contrato suscrito con Confiabilidad Industrial S.A.S., por valor de $595.835,594, responsable del movimiento de tierras para llenos, adecuación y nivelación de los terrenos. “En la urbanización Solares de Gualanday se evidencia abundante maleza y empozamientos de agua. Aún se encuentran faltantes como el sistema de captación y entrega de aguas lluvias, así como el complemento de la pavimentación y las redes eléctricas”, reza el Informe.
Igualmente, Infituluá suscribió un contrato por valor de $1.581.922.299 para la construcción de pavimentos en concreto hidráulico y obras complementarias en la urbanización Terranova, pero la Contraloría evidenció fallas constructivas al observar que el contratista no adelantó el sellado de las juntas de los pavimentos con cual se evitaría la filtración de las aguas y el daño a los pasadores o barras de amarre como la capa base de la vía. “Como consecuencia de lo anterior, se genera una presunta afectación al recurso público por una gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz por las obras inconclusas que ponen en riesgo la estabilidad estructural del pavimento”.
En la misma urbanización, Terranova, Infituluá suscribió otro contrato con valor inicial de $1.098.753.226, 69 con el propósito de adelantar la construcción del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible, SUDS, como parte del sistema de aguas lluvias. No obstante, la Contraloría en visita realizada al predio comprobó que la misma se encuentra inconclusa y lo que está ejecutado “en proceso de deterioro”. Las excavaciones que adelantaron para la construcción del Sistema de Drenaje están cubiertas de maleza y con empozamiento de aguas; hay tubería dispersa en los alrededores sin ninguna protección; y geotextiles y geomembranas depositadas de manera indebida en el terreno a la intemperie. “Según lo manifestado por el área técnica de la Entidad, se requiere rediseñar el SUDS, toda vez que en las condiciones actuales no es viable su continuidad ni cuenta con la aprobación del prestador de servicios de acueducto y alcantarillado Centroaguas”.
Para la ejecución de obras complementarias en la urbanización Solares de Gualanday, Infituluá firmó un contrato con el objetivo “Construcción de pavimentos y obras complementarias” por valor de $4.638.997.461. Empero, en visita realizada al predio, el Comité Auditor de la Procuraduría constató fallas constructivas en el concreto hidráulico, entre ellas, el inadecuado sellado de las juntas del pavimento. Lo anterior, según la Contraloría de Tuluá, se generó un daño al patrimonio de Infituluá por valor de $1.189.546.845 el cual fue cancelado al contratista.
Sobrecostos
Para la “prestación de los servicios de aseo y cafetería, supervisión y control de información, mantenimiento preventivo y correctivo” de la Plaza de Mercado y el Centro Comercial Pabellón, Infituluá suscribió un contrato por valor de $958.382.793, en el que la Contraloría de Tuluá consideró que se evidenciaron sobrecostos que configuran una falta disciplinaria y fiscal por el presunto detrimento patrimonial de $676.866.741 que fueron pagados en un período de 11,2 meses.
Según la Contraloría, “las especificaciones técnicas que sirvieron de base para la determinación del contrato, presentan presuntos sobrecostos puesto que de acuerdo con la asignación salarial del personal de aseo y supervisión se incluyó el suministro de cafetería y aseo. Sin embargo, al realizar el análisis financiero del expediente este ente de control pudo evidenciar que de acuerdo con la planilla de aportes al salario base de cotización de los trabajadores requeridos fue de $1.160.000 y el valor contratado por Infituluá E.I.C.E. y el contratista fue por mayor valor, además la diferencia entre lo pactado vs lo pagado genera excedentes que no se soportan en la compra del material para el aseo y cafetería”.
No pagó en moneda corriente, sino con lotes
El rosario de irregularidades que caracterizó la gestión del exconcejal Denny Osorio Villada también se caracterizó por el cambio en las reglas contractuales. Es así como Infituluá, explica la Contraloría de Tuluá, para lo contratos de obra suscritos con Tecniservicios (pavimentos), Urbanismo y Reloteo S.A.S (alcantarillado) y la Unión Temporal Aquaciudad Tuluá (acueducto y alcantarillado) estableció en la minuta contractual la forma de pago en moneda corriente, pagos determinados y condicionados a las actas de cumplimiento, pero en el curso de la ejecución de sus obligaciones contractuales se modificó a la figura de “compensación” por compra venta de lotes.
Para la Contraloría, esta variación no se encuentra respaldada por un otrosí o documento idóneo que acredite la modificación de la minuta inicial. “Es decir, se realizaron variaciones a las obligaciones de las partes sin que medie la formalidad establecida en el Manual de contratación de la entidad. El valor establecido en las compraventas no se encuentra amparado en avalúos comerciales, tal como lo dispone el artículo 44 del Manual de Contratación lo que genera un inminente riesgo relacionado con la debilidad en la tasación justa del valor del inmueble”.
Esta transacción, explica la Contraloría y su equipo auditor, deja en riesgo la adecuada ejecución de los recursos de Infituluá tras comprobar una “compensación” en lotes por valor total de $8.933.000.000.
Se busca báscula ganadera
Con el argumento que en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas de Tuluá se requería una báscula ganadera, Infituluá adquirió una balanza con tecnología mecánica de cuchillas de referencia Cui 1.500 por valor de $14.980.000.
No obstante, la Contraloría en una visita al escenario ferial no encontró este bien mueble, “por el contrario —dice el informe— dicho bien fue entregado a una asociación de ganaderos mediante contrato de comodato precario, y a pesar de la necesidad plasmada por la entidad para su compra y su finalidad, su ausencia en el lugar acordado sugiere un incumplimiento de los términos del contrato u orden de compra y una posible pérdida o mal uso del mismo”. Se configuraría una falta disciplinaria y fiscal por un presunto detrimento patrimonial.
Deudas no pagadas
Luego de revisar los expedientes contractuales, la Contraloría de Tuluá constató que Infituluá ha incumplido el pago de obligaciones contractuales con siete firmas contratistas por la prestación de servicios profesionales por valor de $503.713.227 durante el año 2023.
Entre los compromisos más relevantes, se destacan:
- Prestación del servicio profesionales en materia de impuestos, que consista en analizar, establecer y diseñar los controles que permitan el estricto cumplimiento de las normas tributarias que rigen a Infitulua E.I.C.E y paralelamente diseñar una planeación tributaria que permita maximizar los resultados, por medio del desarrollo de actividades específicas en lo corrido del año 2023
- Prestación del servicio de aseo y cafetería, supervisión y control de información, mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo para la unidad negocio sede administrativa Terranova, Mercaplaza del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tulua, Infitulua E.I.C.E. al 31 de diciembre del 2023
- Prestación de servicios para realizar actividades de trabajo social para el acompañamiento en el desarrollo de los proyectos de infraestructura y unidades de negocio de Infituluá E.I.C.E.
- Contrato de prestación de servicios para apoyo de gestión administrativa y de mercadeo de la unidad de negocio Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tulua, Infitulua E.I.C.E.
- Prestación de servicios de seguridad en el monitoreo de alarma para la sede administrativa del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, Infitulua E.I.C.E. año 2023
- Prestación de servicios para garantizar la administración y operatividad de la unidad de negocio (Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas) del Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Tuluá, Infitulua vigencia 2023
- Prestación de servicios profesionales, para realizar el sostenimiento y fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad (S.G.C.) y brindar apoyo en la implementación de diferentes herramientas administrativas de la planeación estratégica del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tulua – Infitulua E.I.C.E. para el año 2023
Este hallazgo administrativo, según la Contraloría de Tuluá, expone a Infituluá a procesos judiciales, al pago de sanciones, perjuicios e intereses y configura una presunta falta disciplinaria y fiscal.
El gerente dijo adiós, sin presentar acta de gestión
En la gráfica Denny Osorio Villada (izquierda) en el acto de posesión como gerente de Infituluá. A su lado, el exalcalde de Tuluá John Jairo Gómez.
Según la Contraloría de Tuluá, el gerente de la época Denny Osorio Villada, quien renunció a su cargo el pasado 29 de diciembre de 2023 y fue aceptada en el artículo primero del decreto 200-024-0001 del 1 de enero de 2024, abandonó Infituluá sin presentar el acta de informe de gestión al finalizar su período como representante legal de la entidad tal como lo ordena la Ley 951 de 2005. “La falta de un informe de gestión detallado puede dificultar la toma de decisiones y probable afectación a la transparencia y rendición de cuentas”, conceptúa el Ente de control.
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