El material de prueba da cuenta que habría pagado 400 millones de pesos para dilatar una investigación en su contra.
Un fiscal auxiliar delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Juan Carlos Abadía Campo, gobernador de Valle del Cauca entre 2008 – 2011, por el supuesto pago de dineros para que no avanzara una investigación que se seguía en su contra por posibles actos de corrupción.
Los elementos de prueba dan cuenta de que el exmandatario, al parecer, recurrió inicialmente al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y, por su conducto, al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, a quien contrató en 2014, para que lo asistiera en un proceso penal que se seguía en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en un convenio de cooperación para la dotación de bibliotecas escolares en el departamento.
Abadía Campo, presuntamente, pagó para que las investigaciones que adelantaba la Fiscalía en su contra fueran archivadas o retardadas. Adicionalmente, buscaba que no se formulara imputación ni se pidiera medida de aseguramiento en una de estas, en la que se acordó con un fiscal delegado ante la Corte, que se dilataría el avance de la actuación y, a cambio, se le garantizaría al funcionario la continuidad en el cargo.
El exgobernador, al parecer, entregó 400 millones al abogado Moreno Rivera. Este dinero fue direccionado al hoy condenado Francisco Ricaurte. En el citado proceso, Abadía Campo también fue representado por José Leonidas Bustos.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Juan Carlos Abadía Campo el delito de cohecho por dar u ofrecer. El cargo no fue aceptado.
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