Por: Marcial Blandón
Con profunda preocupación fue recibida por los candidatos a cargos uninominales y cuerpos colegiados de Tuluá, la decisión del Tribunal Superior de Buga de no asignar una Comisión Escrutadora y Claveros para las elecciones de Tuluá luego que dejaran en la sede de los Juzgados Penales un artefacto explosivo que solo causó daños materiales y la existencia de amenazas a jueces y empleados judiciales.
Para Consuelo Piedrahita, presidenta del Tribunal Superior de Buga, la imposibilidad de designar esa comisión obedece “a la difícil situación de seguridad que atraviesan los jueces y empleados judiciales del municipio de Tuluá debido a las recientes amenazas provenientes de grupos al margen de la ley, contenidas en panfletos del 29 de agosto y el 13 de septiembre de la presente anualidad”.
Luego las condiciones de seguridad se complicaron, según Piedrahita con “la explosión de un petardo en uno de los edificios en los que funcionan los Juzgados”.
Ante estos hechos, el Consejo Seccional de la Judicatura tomó la decisión de permitir el trabajo en casa de los servidores judiciales de Tuluá con el objeto de resguardar su seguridad y vida.
Sobre la imposibilidad del Tribunal Superior de Buga de designar la comisión de escrutadores y claveros para los comicios del próximo 29 de octubre, Piedrahita argumentó que esa decisión “implicaría poner en grave riesgo y peligro la vida e integridad de los funcionarios y empleados judiciales”.
La expresidenta de Asonal Judicial y dirigente política, Esperanza Delgado Motoa, dijo que en este caso existentes dos situaciones, “la primera que hay una fuerza mayor en el sentido que nadie está obligado mientras existan situaciones como éstas de exponerse y arriesgarse de esa manera, pero de otro lado también hay un compromiso con la Nación y mientras no se haya declarado alteración del orden público es muy difícil que se base en eso para decir que no designan la comisión”.
“Para mi hay una extralimitación de funciones porque eso no le toca al Tribunal; el Tribunal lo que tiene que hacer es nombrar los claveros y es el Tribunal Electoral tendría que decidir en última instancia si hay o no las condiciones para que los jueces vayan a ejercer esa función ese día. Aquí no ha habido declaratoria por parte de la autoridad competente de un estado de excepción o declarado la alteración del orden público”, explicó Delgado Motoa.
La actual concejala y candidata a la Alcaldía de Tuluá, Sandra Arrubla, consideró que la posición del Tribunal Superior de Buga está alejada de los objetivos de la institucionalidad que representa. “Ellos son los garantes para cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de la rama. Es un mal mensaje, de cara a los ciudadanos, que hoy han perdido la fe en las instituciones que nos representan, frente a nuestros derechos constitucionales. Es pertinente proteger la integridad y la vida de nuestros funcionarios, por supuesto. Sin embargo, ¿en dónde queda la fuerza y capacidad del Estado que impone el orden con el poder coercitivo que lo embiste?”, dijo.
El abogado y expersonero de Riofrío, Fredy Velásquez, calificó de “preocupante la situación ya que no hay garantías para que los funcionarios ejerzan la función pública; es deber del Gobierno y las administraciones municipales gestionar y preservar el orden público. Además, (el Tribunal) al no ser parte en los escrutinios puede generar riesgos en las elecciones ya que son ellos quienes valoran y revisan las decisiones de los votantes”.
“Lamentable que se haya tenido que llegar a ese punto; la rama judicial no puede ser atacada de esa forma. Yo pido a las autoridades investigar a fondo, porque creo que acá no solo hay actores criminales”, dijo el candidato a la Alcaldía, empresario Marcos Urrutia.
“Desde cuándo los magistrados de un tribunal legislan al nombrar claveros y escrutadores, la ley lo dice y tiene que hacerlo, de lo contrario es un prevaricato”, dijo ex contralor de Tuluá, Juan Rafael Carmona, tras indicar que el Tribunal Superior de Buga “debe de pedir protección para los nombrados como claveros o escrutadores, no oponerse a lo que dice la ley, pero en este país todo el mundo hace lo que quiere. El poder judicial con su corrupción es el mayor responsable de lo que pasa en el país, la inseguridad”.
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Una serie siluetas de personas pintadas de color blanco en algunas calles de Tuluá y que inicialmente hizo pensar que se trataba de una nueva amenaza, finalmente se conoció que hace parte de una campaña publicitaria mediante la cual se pretende llamar la atención por el creciente índice de criminalidad que afecta la ciudad.
Detrás de esas imágenes se encuentra el candidato a la Alcaldía de Tuluá, licenciado Ever Villegas Morante, quien en un vídeo distribuido por las redes sociales enfatizó que en Tuluá no habrá más muertes violentas.
Para lograr ese objetivo, el candidato aseguró que “como alcalde lo primero que haré es crear la Secretaría de Seguridad y Paz del municipio para vigilar y reducir los índices criminalidad porque a todos nos mueve tener una ciudad más segura, tranquila y en paz”.
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Una vez más apareció en un vídeo el candidato a la Alcaldía, Marco Arbeláez visiblemente indignado porque por quinta oportunidad le han destruido una valla publicitaria con la cual promovía su aspiración.
“No han destruido una nueva valla. Así no se hace la política. Nosotros le transmitimos el mensaje a todas las demás campañas, a todos los demás militantes de las organizaciones: la política se hace sobre debates, sobre propuestas, de una manera limpia”.
“Nos tumbaron una valla, pero aquí estamos, de frente, trabajando porque el futuro de Tuluá está en nuestras manos”, concluyó.