En un fallo sin precedentes, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga ha emitido la primera condena contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) por su responsabilidad en el devastador incendio ocurrido el 28 de junio de 2022 en la cárcel de Tuluá, que cobró la vida de 56 internos.
Según el documento al que tuvo acceso el semanario «El Tabloide«, la conflagración, iniciada por algunos reclusos en medio de un altercado, se agravó por la falta de medidas de seguridad y la deficiente gestión del personal penitenciario. «Como consecuencia de la inhalación de humos y el pánico descontrolado, la insuficiencia de guardias y la carencia de equipo adecuado, el incendio se tornó incontrolable, causando aplastamientos y lesiones mortales, entre ellas, la muerte de Juan N.*», expone la demanda interpuesta por la familia de una de las víctimas.
El fallo subraya que, aunque el incendio fue provocado por algunos internos, las condiciones precarias del centro penitenciario contribuyeron significativamente a la tragedia. La falta de extintores, la ausencia de una red de prevención de incendios y la escasez de equipo de protección para el personal de guardia fueron factores determinantes en la fatalidad. Además, se evidenció la omisión de las autoridades penitenciarias al no intervenir oportunamente en los conflictos previos entre internos ni garantizar la seguridad dentro del establecimiento.
Como consecuencia, el Juzgado declaró al INPEC responsable patrimonial y extracontractualmente por los daños causados y ordenó la indemnización a la hija menor de Juan N.*, uno de los internos fallecidos, con el pago de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a aproximadamente 142 millones de pesos, en compensación por el perjuicio moral derivado de la pérdida de su padre.
* Nombre cambiado por razones de seguridad