Por: Marcial Blandón
Ante la justicia contenciosa administrativa acudirá el exgobernador del Valle Ubeimar Delgado Blandón, para denunciar por presunta doble militancia a directivos, concejales y Diputados, elegidos por el partido Conservador, que en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, respaldaron candidaturas al Congreso de aspirantes de otras colectividades políticas.
Con excepción del diputado Snehider Rivas y el concejal de Santiago de Cali Juan Martín Bravo, miembros de la organización política “Fuerza Social”, los demás dirigentes que ostentan dignidades a nombre del partido Conservador respaldaron candidatos al Senado de otras colectividades o aspirantes del partido azul de otros departamentos, mientras que para la Cámara de Representantes apoyaron aspiraciones de candidatos de otros partidos, como el caso del diputado John Jairo Caicedo Villegas, cuya esposa Yazmín Andrea García, se postuló por el partido de la U.
En Tuluá, el concejal Cristian Hernández, apoyó la fórmula del partido Conservador para el Congreso de la República de Ubeimar Delgado y Gustavo Vélez; el cabildante Eliecid Ávila, respaldó al exalcalde tulueño a la Cámara, pero no a Delgado Blandón, mientras que el tercer concejal de esa colectividad Carlos Arturo Londoño, no hizo pronunciamiento público de respaldo a candidatos del partido azul. En cuanto al directorio municipal, la opinión pública no sabe si existe, mucho menos a ir a demandarlos por doble militancia.
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Exiliado por amenazas recibidas se encuentra el periodista Robert Posada Rosero, uno de los críticos más mordaces del establecimiento local. La presión constante de actores que han generado hechos de violencia en los últimos meses en la Villa de Céspedes, obligó al también escritor a buscar refugio por encima de la frontera patria. El temor a que las permanentes amenazas se conviertan en realidad llevó al autor de la obra “La Familia Real”, entre otros, escritos literarios a exiliarse.
La situación en materia de seguridad en Tuluá, es crítica. Son muchos ciudadanos, familias enteras y comerciantes que en silencio han abandonado la ciudad por el incremento de las extorsiones; muchos prefieren callar y abandonan el terruño, porque las autoridades no les generan confianza. El boleteo y la extorsión es el pan de cada día, las autoridades inermes ante una delincuencia rampante que hace rato les ganó la partida.
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El Centro de Historia de Tuluá, CHT, conformado por distinguidos ciudadanos tuvo una activa participación en los actos conmemorativos del día de la Independencia Nacional. En el acto protocolario que se cumplió en el hemiciclo del Concejo municipal, el presidente de esa corporación Javier Jaramillo, los recibió como guardianes de la memoria tulueña, calificativo que comparte con el historiador, abogado y escritor Omar Franco Duque.
La memoria de un pueblo está concentrada en el inagotable trabajo de sus historiadores para que las nuevas generaciones no crucen la raya del olvido de las poblaciones que los ven crecer. El CHT debe contar con el permanente apoyo del Estado, para que el civismo y la cultura de nuestra ciudad sea permanente convidada a la academia tanto del sector público como oficial. En el CHT, está concentrado el legado de este terruño que jamás se debe perder.
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Pareciera que el control para regular la presencia de ambulancias cuando se presenta un accidente en las vías de Tuluá, le ha quedado grande a las autoridades locales. El problema no es de esta administración, es una herencia del anterior gobierno, que, aunque tuvo la iniciativa a través el entonces secretario de Salud John Fredy Asprilla, de regular esa dinámica a través de un decreto municipal, los resultados no fueron los esperados.
Son varios los siniestros ocasionados por la imprudencia de los conductores de las ambulancias, como el reciente ocurrido en la Transversal Doce al ingreso sobre la nueva terminal de transportes, por fortuna sin víctimas fatales que lamentar. Se debe diseñar una estrategia desde el Gobierno local que involucre al departamento de Movilidad y Seguridad Vial, las secretarias de Gobierno y de Salud, para que metan en cintura y sancionen de manera drástica a los infractores que al frente del timón de una ambulancia se han convertido en un peligro para la sociedad.