Por: Marcial Blandón
El ataque terrorista del grupo al margen de la Ley, que se identifica como la columna móvil «Adán Izquierdo» de las disidencias de las Farc, en contra de un convoy militar conformado por unidades de la Policía Nacional y el Batallón de Alta Montaña Número 10, refleja la grave situación en materia de seguridad por la que atraviesa el campesinado de la alta montaña tulueña. El ataque a los uniformados que apoyaban una actividad institucional organizada por la Alcaldía, en la vereda Lla Diadema, por los insurgentes certifica su presencia en esta región con incursiones que afectan a la población civil.
Residentes de la vereda Naranjal y el corregimiento de la Moralia, manifiestan que la columna guerrillera, que inició a hacer presencia a mediados de Junio del año anterior está conformada por aproximadamente 500 unidades; en los últimos días vienen visitando cada finca, haciendo recomendaciones a sus pobladores, entre ellas la prohibición de desplazarse entre los dos caseríos después de las ocho de la noche, los campesinos que se transporten en motocicleta no pueden usar casco, quienes lo hagan a pie o a lomo de un caballo no pueden utilizar tapabocas, la consigna que dejan es que deben tener la cabeza descubierta y lo más delicado, están reclutando a menores de edad.
Está tan complicada la situación de orden público que muchos padres de familia, han sacado a sus hijos entre los 14 a 17 años, al corregimiento de la Marina e incluso varios han llegado hasta Tuluá, buscando el apoyo de familiares y amigos, para evitar que sus hijos menores sean reclutados por las disidencias de las Farc. Dos frentes enfrentan el sufrido campesinado de este territorio, las inclemencias del invierno que hace estragos en sus parcelas y el temor al recrudecimiento de la guerra vivida hace pocos años.
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Después de catorce meses de iniciado el gobierno «De la gente para la gente» y seguramente cansados de criticar al gobierno anterior, la administración municipal anuncia la puesta en marcha de la «Unidad Móvil» para atender el sistema semafórico de la ciudad. Las fallas detectadas en la instalación de los semáforos de los anteriores administradores, serán ajustadas para que la ciudadanía pueda disfrutar de un óptimo y seguro servicio de los dispositivos ubicados en el mandato de Gustavo Vélez.
La ciudad espera que el programa de la Unidad Móvil que se pondrá en marcha pueda superar las dificultades que se presentan en el sistema de semaforización y que de una vez por todas se pase de la crítica a las soluciones; sería imperdonable que pasara este cuatrienio solo con quejas y ninguna acción positiva para mejorar los corredores viales y por ende sus pasos semafóricos.
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El actual presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Victoria y Concejal de Tuluá, en representación del movimiento Mais, Luis Eduardo Ayala Ocampo, se le reconoce una positiva gestión en el liderazgo para concertar la posibilidad en que los integrantes del Club Deportivo «Guerreros de Fútbol Cinco» con discapacidad visual puedan adelantar su práctica en la Unidad Deportiva de la Institución Educativa Gimnasio del Pacifico.
A raíz de la nueva suspensión de las elecciones de Juntas de Acción Comunal, previstas para mediados de Abril, a los actuales dignatarios les corresponderá mantenerse al frente de las Jac, mientras el Ministerio del Interior adelanta la nueva convocatoria a elecciones. Los más contentos con este aplazamiento son los habitantes del popular Barrio Victoria, que tienen en Luis Eduardo Ayala, un natural líder comunal que vive las 24 horas del día al servicio de su comunidad.
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Una actividad que ya debe estar ideando el abogado Henry Osorio Cárdenas, director del departamento administrativo de Movilidad y Seguridad Vial, es la pintura de los reductores de velocidad que en su gran mayoría se hacen invisibles especialmente a los ojos de conductores de motocicletas quien han sufrido varios accidentes con las consiguientes lesiones físicas y el daño de sus vehículos.
Muchos de ellos son verdaderas trampas mortales, lo que hace necesario una urgente intervención por parte de la administración municipal en su adecuación, mantenimiento y enlucimiento que le eviten posibles demandas ante los jueces de la República en procesos de reparación directa por fallas en el servicio que se presta a través de la secretaria de Movilidad.