Un juez penal del circuito especializado de Buga (Valle del Cauca) emitió una sentencia en uno de los capítulos más atroces del conflicto armado colombiano. El mayor (r) del Ejército nacional, Alirio Antonio Ureña Jaramillo, fue condenado a 35 años de prisión por su participación en la masacre de Trujillo, un episodio de violencia que dejó una huella profunda en esta región del Valle del Cauca entre finales de los años ochenta y comienzos de los noventa.
La resolución judicial, dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga, declaró al exmilitar culpable de homicidio agravado con fines terroristas, secuestro agravado y concierto para delinquir, cargos que califican su conducta como crímenes de lesa humanidad. Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye inhabilidad para ejercer cargos públicos y una significativa multa económica.
El fallo ordenó la captura inmediata de Ureña Jaramillo, tras determinar que el exoficial no solo omitió sus obligaciones como miembro de la fuerza pública, sino que actuó de manera concertada con estructuras criminales para ejecutar y planear actos violentos contra civiles. Según la judicatura, el militar coordinó operativos junto a grupos paramilitares y narcotraficantes en los que campesinos fueron torturados, secuestrados y asesinados bajo la sospecha de supuesta colaboración con la insurgencia.
La masacre de Trujillo es considerada una de las expresiones más brutales del terror regional en el marco del conflicto armado colombiano. Entre 1988 y 1994, comunidades rurales de los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío sufrieron una serie de homicidios, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían dejado entre 200 y 400 víctimas, cifra que algunas investigaciones sitúan en alrededor de 342 personas.
Estas atrocidades fueron perpetradas por una alianza entre narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle, paramilitares y agentes de la fuerza pública, motivados, según los informes, por una lógica contrainsurgente que trataba a la población civil como enemigo interno.
Entre los crímenes más emblemáticos de este periodo está el asesinato del padre Tiberio Fernández Mafla, sacerdote y líder comunitario cuya labor en favor de cooperativas y proyectos de desarrollo social lo hizo objetivo de los grupos armados. Su muerte —que incluyó actos de extrema violencia— se convirtió en símbolo de la masacre.
La Unidad para las Víctimas ha recordado que entre 1988 y 1991 se registraron al menos 139 homicidios en este contexto, muchos de ellos protagonizados por patrones organizados de violencia que afectaron de manera directa a campesinos, artesanos y líderes comunitarios.
Este fallo judicial representa un avance significativo en el reconocimiento de responsabilidades individuales por hechos históricamente silenciados. No obstante, para organizaciones de derechos humanos y víctimas, la condena de Ureña Jaramillo es una parte de un mosaico mayor de impunidad que ha persistido por décadas en relación con la masacre de Trujillo.
La decisión de justicia llega tras años de luchas judiciales, demandas ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la insistencia de las familias de las víctimas para que se esclarezca y sancione a todos los responsables.
Este pronunciamiento no solo pone en relieve la gravedad de los delitos cometidos, sino que también reabre la discusión sobre la memoria histórica, la reparación integral de las víctimas y la necesidad de avanzar hacia una justicia plena que reconozca la pluralidad de crímenes cometidos en Trujillo durante el conflicto armado.