La Asamblea Departamental aprobó este martes la Ordenanza 003, impulsada por la diputada Lina María Segura Moyano, que convierte al Valle del Cauca en el primer departamento de Colombia en territorializar la Ley 2453 de 2025 contra la violencia política de género.
DIARIO DE TULUA. La Asamblea Departamental del Valle del Cauca escribió este martes, 28 de abril de 2026, una página en la historia política de Colombia. Con la aprobación definitiva de la Ordenanza 003, el departamento se convirtió en el primero del país en trasladar al territorio las disposiciones de la Ley Estatutaria 2453 de 2025, la norma nacional que establece medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Este logro es resultado de una iniciativa liderada sin pausa por la diputada Lina María Segura Moyano, quien presentó el proyecto el 10 de abril ante la corporación y condujo su trámite hasta la aprobación final apenas 18 días después.
«Este proyecto le va a servir a todas las mujeres vallecaucanas que quieran y puedan participar, libres de violencia y de hostigamiento», había dicho Segura Moyano al presentar la iniciativa. Sus palabras resonaron esta tarde en el recinto de la Asamblea, donde representantes de los 42 municipios del departamento acompañaron la votación. «Esta iniciativa no tuvo color político; respondió a una necesidad urgente de garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos sin miedo ni violencia», reiteró la diputada ponente.
La ordenanza articula cuatro pilares de acción. El primero es la orientación, es decir, la puesta en marcha de rutas claras para que cualquier mujer que ejerza un cargo público o participe en la vida política del departamento sepa a dónde acudir y cómo formalizar una denuncia. El segundo es el rechazo, que obliga a las instituciones del Valle a pronunciarse de manera expresa frente a toda manifestación de violencia política de género y a no tolerar prácticas de deslegitimación o hostigamiento. El tercero es la sensibilización, dirigida tanto a los actores políticos como a la ciudadanía en general. Y el cuarto, de gran alcance, es la articulación institucional, que compromete a las entidades del orden departamental y municipal a asumir responsabilidades concretas, superando las meras declaraciones programáticas.
La secretaria General del departamento, Liza Rodríguez, subrayó que la norma apunta a la raíz del problema. «La violencia política contra las mujeres es una de las barreras más complejas para transformar de una vez por todas la relación entre la política y las mujeres», afirmó. Por su parte, Diana Lorena Vanegas, directora del Departamento Administrativo de Jurídica de la Gobernación, recordó que territorializar la ley implica que las mujeres tendrán apoyo tangible y procedimientos definidos ante cualquier vulneración de sus derechos políticos: «Este proyecto representa un avance jurídico e institucional necesario para garantizar la protección de los derechos políticos de las mujeres y fortalecer una democracia más equitativa en el Valle del Cauca».
El respaldo legislativo no fue menor. El diputado Yesid Sandoval destacó que la violencia política contra la mujer es «una problemática que impide que este tipo de incorporaciones tenga más presencia de mujeres» y anunció su voto afirmativo en nombre de los ciudadanos que representa. El diputado Óscar Neira, por su parte, recordó que la ordenanza traza una hoja de ruta para edilesas, presidentas de juntas de acción comunal y concejalas de los 42 municipios: «Hoy queda una ruta clara donde pueden acudir, cómo lo pueden hacer para que sean escuchadas, pero también que sean defendidas».
La iniciativa llegó al recinto con el respaldo de mujeres lideresas que, durante el primer debate del 21 de abril, contaron sus experiencias de violencia simbólica y hostigamiento en el ejercicio político. La concejal de Riofrío, Yolima Meneses, una de las participantes, fue enfática: «Sobre todo para las mujeres que hemos sido víctimas del maltrato político, es de vital importancia que después de que se apruebe en la Asamblea, los municipios la acojan como política de Estado en el territorio». La conferencista Stefany Solorzano añadió que lo que se construye en el Valle trasciende sus fronteras: «Estoy absolutamente segura de que este departamento es importante y de aquí va a salir para el resto del país esta clase de iniciativas, tan necesarias para que las mujeres ya no tengamos miedo si queremos ejercer la política, porque es nuestro derecho».
La gobernadora Dilian Francisca Toro, quien acompañó el proceso desde su inicio, recordó que el debate sobre la violencia política contra las mujeres tiene décadas de retraso. «La violencia contra la mujer ha existido durante muchos siglos, pero solamente se comenzó a decir que existe desde el 2006, cuando yo era la presidenta del Congreso e hicimos una bancada de mujeres», señaló durante su participación ante la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, donde el Valle presentó la ordenanza como modelo a replicar en todo el país.
La iniciativa fue socializada también en la Cumbre Nacional de Diputadas, Diputados y Secretarios Generales 2026, lo que elevó su proyección más allá del ámbito regional. En ese escenario, la diputada Segura Moyano insistió en que el departamento necesita mecanismos que permitan «una respuesta efectiva y oportuna frente a estas violencias», cerrando la brecha entre la formulación normativa y su implementación real sobre el territorio.
Con la firma de la ordenanza, el Valle del Cauca no solo cumple con la ley nacional: le señala a Colombia un camino. Un camino en el que una mujer que decida entrar a la política no tenga que elegir entre su seguridad y su derecho a representar a los suyos.
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