La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra del concejal por Tuluá para el período 2024-2027, Aldemar Ruíz Córdoba, por hechos que podrían configurar un uso indebido de su investidura para obstaculizar la actuación policial.
Proteger a los vallecaucanos es la prioridad del Gobierno Departamental, por eso se apoya a la Fuerza Pública para fortalecer su trabajo de cuidar a los ciudadanos en cada rincón del departamento. Gracias a la Tasa de Seguridad se ha dotado al Ejército, la Policía y la Fiscalía con carros y motocicletas para que reaccionen con mayor rapidez y fortalezcan sus capacidades en la lucha contra la criminalidad. ¡Porque trabajamos, cumplimos y cuidamos a nuestra gente!
Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga, los hechos bajo escrutinio habrían ocurrido el pasado 31 de mayo de 2025, cuando el concejal Ruíz Córdoba presuntamente intervino en un operativo policial dentro de un establecimiento que estaría vinculado a uno de sus familiares. En ese contexto, los uniformados afirman que el edil habría intentado impedir su intervención mediante intimidaciones y amenazas.
El ente de control investiga si, durante dicha actuación, el disciplinable incurrió en violencia verbal, profirió amenazas o empleó un lenguaje denigrante e intimidatorio contra los agentes de policía que cumplían con sus funciones, conductas que podrían contravenir sus deberes legales como servidor público.
De concretarse la imputación, el concejal podría afrontar sanciones disciplinarias que van desde una amonestación hasta la suspensión temporal o inhabilitación para ejercer cargos públicos, dependiendo de la gravedad que establezca la Procuraduría. En Colombia, los procesos disciplinarios contra servidores públicos tienen como objetivo garantizar la integridad del ejercicio del cargo y preservar la confianza ciudadana en las instituciones.
Este caso se suma a otros episodios recientes en Tuluá y el Valle del Cauca en los que funcionarios públicos han estado bajo la lupa de la Procuraduría por presuntas irregularidades. En 2024, por ejemplo, la misma procuraduría solicitó medidas de protección para el alcalde y los concejales del municipio por amenazas que afectarían su seguridad institucional.
Hasta el momento, no se ha conocido que el concejal Ruíz Córdoba haya emitido una declaración pública oficial sobre esta indagación.