La Personería Delegada para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario participa activamente en la Segunda Sesión de Seguimiento a la Alerta Temprana No. 025 de 2024, abarcando los municipios de Bugalagrande, Andalucía, Caicedonia, Sevilla y Tuluá.
Asimismo, la entidad hace presencia en la Sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), en el marco de la Alerta Temprana No. 006 de 2025, que involucra a los municipios de Bugalagrande y Andalucía.
Desde la Personería Municipal se reafirma el compromiso con la protección de los derechos humanos y la prevención de riesgos que amenacen la vida, libertad e integridad de las comunidades del centro y norte del Valle del Cauca, con el objetivo de garantizar medidas efectivas para la seguridad y bienestar de la población.
Este esfuerzo busca fortalecer la articulación institucional y generar acciones concretas que contribuyan a la mitigación de riesgos en los territorios mencionados. La Personería continuará trabajando en coordinación con otras entidades para asegurar la protección de los derechos fundamentales de las comunidades más vulnerables.
La Alerta Temprana No. 006 de 2025
La presente Alerta Temprana de Inminencia se emite debido al detrimento en las condiciones de seguridad que está afectando a la población residente en las cabeceras municipales de los municipios Andalucía y Bugalagrande, del departamento de Valle del Cauca. Lo anterior, producto de la disputa entre grupos de crimen organizado, dedicados al tráfico y venta de estupefacientes. Pese a que hay en curso entre ellos conversaciones sobre posibles acuerdos de no agresión, estos recientes acuerdos podrían ser frágiles o de muy poca duración y proliferar profundas afectaciones a habitantes de sus zonas urbanas. La amenaza para la población proviene particularmente del accionar de ‘La Inmaculada’ de Tuluá y otro grupo, que localmente es conocido como ‘Los Rastrojos Nueva Generación’, reza la Alerta Temprana No. 006 de 2025 emitida por la Defensoría del Pueblo.
Más adelante el mismo documento detalla: “A partir del pasado mes de noviembre de 2024, la dinámica sufrió un cambio drástico. Comenzaron a ocurrir una diversidad de atentados, que han venido escalando tanto en número como en los niveles de violencia, lo que sugiere la ruptura de los acuerdos que existían entre La Inmaculada y el grupo sucesor de los Rastrojos. Por ejemplo, a mediados de ese mes, el 17 de noviembre, fue perpetrada una masacre en la vía que une a Bugalagrande y Andalucía donde fueron asesinados, al parecer con fusiles, tres hombres que se movilizaban en una camioneta. Se presume que el detonante de la escalada de violencia, fue el homicidio perpetrado contra un interno dentro de su celda en la cárcel de Jamundí en ese mes, de quien se rumoraba pertenecía a una de estas dos organizaciones criminales y quien obtendría su libertad pronto. Esto habría desencadenado retaliaciones entre las partes involucradas”.
Alerta Temprana No. 025 de 2024
“La presente Alerta Temprana (AT) se emite debido a la inminente situación de riesgo de violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la seguridad e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ante la emergencia de un eventual escenario de disputa armada entre el Frente 57 (grupo disidente de las extintas FARC-EP sin adscripción conocida) y el Frente Adán Izquierdo del Bloque Central Isaías Pardo, disidencia adscrita a las directrices de alias ‘Iván Mordisco’. Este riesgo afecta a la población residente en los sectores de media y alta montaña ubicados en la cordillera central vallecaucana, específicamente en cinco municipios del departamento del Valle del Cauca: Tuluá, Bugalagrande, Caicedonia, Sevilla (igualmente afectado en su cabecera municipal) y Andalucía”, explica la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana.
Y agrega: “La disputa entre ambas disidencias se ha reflejado en un inusitado incremento de la amenaza armada contra la población civil rural (y urbana para el caso de Sevilla) y las comunidades indígenas de estos municipios, por medio de atentados, amenazas, graves privaciones a la libertad y extorsiones. Conductas que han provocado desplazamientos forzados individuales y que pueden generar mayores impactos humanitarios”.
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