Por: Marcos Efraín Montalvo Escobar
Está en marcha el proceso licitatorio para entregar en concesión durante 20 años bienes y servicios del Departamento de Movilidad y Seguridad vial de Tuluá.
Para tal efecto, el honorable concejo municipal autorizó a la administración mediante el acuerdo 13 de diciembre 22 del 2020.
De acuerdo con los pliegos de condiciones, los proponentes deberán acreditar un patrimonio líquido mayor o igual a $4.000 millones, un capital de trabajo de $2.250 millones, un índice de liquidez mínimo de 5.00, y un nivel de endeudamiento igual a 0.40, y cumplir los requisitos estipulados en el primer cuadro anexo a esta nota.
De acuerdo con los términos de la licitación, la entidad que gane la concesión deberá hacer una inversión inicial de $7.500 millones en innovación tecnológica y la adecuación física del área de servicios que entregará.
Adicionalmente, el municipio tendrá una participación sobre los ingresos brutos que generen los servicios a concesionarse, porcentaje que deberá ser pactado entre las partes.
Entre otras obligaciones, al concesionario le corresponderá pagar salarios, prestaciones, seguridad social integral y parafiscales al personal que se requiera para la prestación de servicios y adecuaciones físicas y tecnológicas.
El concesionario tendrá a su cargo los servicios administrativos de los registros municipales automotor y no automotor, de conductores, infractores, tarjetas de operación, demás registros de tránsito y transporte, así como los otros trámites y servicios delegables que aparecen en los cuadros 2,3 y 4 anexos a esta nota.
Las propuestas de ingresos a las que aspiran los proponentes por los servicios a prestar no podrán exceder de las establecidas en la tabla del último cuadro anexado a esta nota.
El manejo de los dineros que se recauden por los diferentes servicios deberán ser manejados por una fiduciaria, cuyos costos los sufragará el concesionario.
Asimismo el concesionario asumirá los costos por eventuales acciones jurídicas y otros de tipo extra contractual.
La supervisión del contrato deberá hacerse con una interventoría externa, cuyo costo será sufragado del «flujo bruto» de los recursos de la concesión, previa distribución entre las partes.
Este proceso licitatorio, como toda contratación, está sujeta al control de veedurías ciudadanas, que, en este caso, debe ser convocada por la administración municipal.
Comentario personal:
Siempre he discrepado de las privatizaciones de los servicios públicos y de esta clase de concesiones porque siempre resultan desventajosas para los entes territoriales.
Ojalá esta concesión se haga en mejores términos para el municipio, pues la que vence este año no ha sido lo mejor para Tuluá.
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