Dieciséis de los 17 concejales del municipio de Tuluá han sido denunciados disciplinaria y penalmente ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, tras votar a favor del Acuerdo Municipal No. 019 de 2024, según lo revelado por «mivalle.co«.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró sin efecto los artículos 9° y 18 de dicho acuerdo en un fallo de única instancia, emitido por la Sala Segunda de Decisión. La revisión de la medida fue solicitada por el Departamento del Valle del Cauca, conforme al Decreto 1333 de 1986.
El fallo del tribunal señala que el acuerdo vulneraba el principio de legalidad presupuestal, al otorgar al alcalde la facultad de incorporar recursos no ejecutados de 2024 en el presupuesto de 2025 mediante actos administrativos, además de permitir modificaciones presupuestales sin una delimitación clara en el tiempo ni el objeto.
El Tribunal también ratificó el principio de separación de poderes, indicando que las funciones de adición y ajuste del presupuesto son exclusivas del Concejo Municipal y no pueden ser delegadas al alcalde.
Ante esta situación, según el medio de comunicación virtual, un grupo de abogados presentó las denuncias argumentando que los ediles no realizaron el debido análisis jurídico antes de aprobar el acuerdo, lo que podría derivar en la pérdida de sus curules. El caso pone en alerta a la corporación para que futuras decisiones sean tomadas con mayor rigor y conforme a la normatividad vigente.